Manifiesto

NI DE UNOS NI DE OTROS

Luis Fernando Vía Cavero"El que escribe es profesional en Ciencias de la Comunicación Social, estudiante de Ciencias Políticas y sobre todo alguien que sabe que el aire es libre"

Las tormentas político-sociales que ha soportado nuestro país y los sonados cambios en las políticas de estado han remesado los cimientos de esta creación histórica siempre difícil, llena de vicisitudes y signada por tantas adversidades, que es Bolivia. A pesar de ello, el ciudadano debe ser capaz de sobreponerse a pruebas tan duras para la unidad nacional, como las de octubre de 2003, el cambio que representa la elección del primer presidente indígena, los sucesos en la Ciudad de Cochabamba y las agresiones en el parlamento que pretenden mostrar en la actualidad el fracaso o el éxito de la Asamblea Constituyente.
Sin embargo, el fantasma de los que se preguntan si nuestro país es viable y si la democracia, aún incompleta, como la propia nación boliviana, puede sobrevivir sigue rondando nuestro imaginario colectivo, ¿Certezas o buena propaganda opositora?.
Hoy los Bolivianos nos encontramos ante un gran dilema : o avanzamos hacia una democracia más inclusiva, viable y un modelo de desarrollo que supere las limitaciones del actual o, nos estancamos en la disputa de los tecnócratas corruptos, con su amplia gama de intelectuales de choque, algunos periodistas mercenarios y su política ineficiente contra un populismo antidemocrático, ya superado por la historia.
Los cierto es que, gracias a algunos aciertos gubernamentales y a las buenas condiciones económicas de nuestro país (no soy de los que creo en el Piloto automático), la coyuntura actual es un juego abierto de oportunidades y posibilidades que podemos aprovechar para salir de la confrontación profunda en que hemos caído. Este debe ser un momento de inflexión para impulsar una nueva etapa de modernización económica, social y política que ponga a Bolivia en el siglo XXI.
DESAFÍOS CRUCIALES:
De la fragmentación y sus intenciones a la unidad de la Nación Boliviana
Señores y como diría nuestro Vice Señoritos, tenemos que volver a creer en Bolivia, redescubrir la nación no solamente en discursos o réplicas con contenido racista (de uno y otro lado) sino en sus potencialidades, como el hogar común de todos, capaz de cobijarnos en una visión compartida de futuro y como expresión de las aspiraciones de cambas, collas y chapacos; cholos, indios, mestizos y blancos (si los hay); empresarios, trabajadores y productores. Sabiendo que ninguna región o grupo social podrá alcanzar el progreso por sí solo, porque la geografía, la historia y la cultura nos han hecho inescindibles. Si no lo hacemos, no habrá forma de sacudirnos del pesimismo, la fatalidad o la indiferencia y, entonces, Bolivia no será viable, pero tampoco habrá futuro para nadie.
Redescubrir Bolivia significa afirmar la necesidad de un Estado fuerte y soberano pero sobre todo virtuoso, sin el cual no es posible avanzar en el desarrollo y la democracia. El Estado fuerte y soberano que necesitamos lo será por su capacidad para garantizar un gobierno de nuevas leyes (creo y comulgo con la asamblea constituyente, por sobre algunos de sus frentes irracionales, aunque hoy el debate se hay posicionado en el no más a la asamblea), para estimular la producción nacional y el crecimiento económico, mejorar la complementariedad y la inserción en los mercados, promover la solidaridad y la cohesión social, proveer servicios públicos y mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos sin exclusión de clases.
De la exclusión de prioridades al concurso de todos
Si bien es imperativo transitar de una economía centrada en la explotación de los recursos naturales, es menester potenciar su efecto multiplicador y más aún apostar hacia una economía diversificada que nos permita tener alternativas de crecimiento, con capacidad de industrializar esos recursos, en manos del estado y sus ciudadanos como actores económicos que puedan articular la economía del gas, de la agroindustria y la manufactura de exportación con la Economía Popular del campo y de la ciudad a fin de generar más empleo y mejores ingresos para las mayorías.
Debemos potenciar las organizaciones productivas populares, las alianzas empresariales, los pactos productivos publico-privados, la proyección internacional de la participación empresarial boliviana, la educación y la producción del conocimiento local y el capital intelectual Humano.
En ese sentido el estado debe reconciliarse con las instituciones reproductoras del conocimiento, culminando esa relación de interdependencia económica y antagonismo ideal con las universidades, para que nuestros mejores profesionales puedan participar en todo su derecho ciudadano en la construcción de la Nueva Bolivia.
Hace unos días leí un diario de nuestro país, donde nuestro Vice decía " Evo es el único que tiene una visión de país", me complace informarle que no es así, existimos algunos que si tenemos un proyecto serio de país, pero lamento informarle también que ese visión de país no la representa Evo y su prepotencia de buenas intenciones, ni los zánganos que se le oponen hoy.
La nueva visión de país nace de la Participación y Ciudadanía, que viene de la mano de la ampliación de la representación ciudadana e implica un cambio estructural en la democracia y economía.
Apostemos a este tipo de participación en organización, por ser la base una estrategia seria, por que es el ser ciudadano el sujeto del cambio y el constructor de la nueva Bolivia. Ya no los sectores, ni las organizaciones con sus presiones, ya no mas democracia de marchas en las calles.
De la nueva representación al cambio del régimen político
De la crisis del sistema de partidos surgió la posibilidad de refundar el servicio del bien común, con actores renovados y con propuestas de cambio, para que la política sea el medio para forjar el interés general, contener la dominación del poder económico y evitar el partidismo autoritario. Si bien es verdad que existieron grandes reciclajes que contaminaron la nueva forma de representación hoy languidecen en su inoperancia y ceden espacio ante lo inevitable, la nueva representación.
Al Vice le digo, como ciudadano formado en la Doctrina Humanista, tengo el desafío de concebir un régimen político más democrático, representativo e incluyente, que supere los males del presidencialismo autocrático y acabe con los privilegios corporativos de minorías privilegiadas pero respete la propiedad privada en la construcción del bien común, para asegurar la igualdad política real y que todos los ciudadanos puedan participar y beneficiarse en las decisiones que les incumben, dentro de la nueva ley y el sistema institucional.
Debemos reconstruir un sistema político pluralista superando la fragmentación que genera ingobernabilidad y que obstruye realizar un proyecto nacional de desarrollo.
"Una adecuada reforma política para el buen gobierno"
Del aislamiento a la integración regional y mundial
Debemos convertir al país en un espacio soberano, centro de integración económica y energética en Sudamérica, como la forma mejor de insertarnos activamente en la economía internacional y de vencer el aislamiento geográfico y económico heredado de la historia, una de las causas del atraso nacional.
Apoyo las medidas antichantaje del actual gobierno pero lo exhorto a emprender un país que pueda posicionarse y gravitar en el sur, asociarse y complementar su economía con la de sus vecinos y ampliar mercados para la producción nacional y el desarrollo e industralización de sus reservas de gas.
Celebro junto a todos los sujetos racionales las últimas negociaciones y espero que su cálculo político para las negociaciones de finales del 2007 con el Brasil fundamentalmente sea el esperado.
Este manifiesto es un llamamiento a la unidad de los trabajadores, empresarios, profesionales, intelectuales, regiones, provincias, municipios, pueblos indígenas, movimientos organizados y ciudadanos independientes, para sumarse a construir juntos una gran alianza política y social que exprese la unidad más amplia del pueblo boliviano en torno a los grandes objetivos plasmados anteriormente.

Imaginarios Sociales y Violencia

LOS IMAGINARIOS SOCIALES QUE JUSTIFICARON EL USO DE LA VIOLENCIA EN EL GOLPE DE ESTADO DE 1971 EN BOLIVIA

Rocío Estremadoiro Rioja

I. Introducción

Torres – Rivas define a la violencia como “una forma de comportamiento aprendida y socialmente construida cuyo fin es atacar física o simbólicamente a las personas o destruir sus propiedades” (2002: 301). La violencia practicada por el Estado, lo que dicho autor llama “terrorismo de Estado”, se refiere a la utilización, amenaza o tolerancia del uso de la fuerza por parte de los agentes y/o representantes del Estado contra las personas y grupos sociales determinados, expresada directa o indirectamente, práctica o simbólicamente (op. cit.).
Siguiendo el razonamiento del autor, en América Latina, se ha pasado por distintos momentos históricos donde el modo de gobernar ha sido la violencia practicada por el Estado como común denominador no sólo de dictaduras sino también, en mayor o menor grado de algunas democracias[1]. Pero es en las dictaduras donde el uso de la violencia se practicó como la única forma de “preservar el orden”[2], principalmente en la década del 70, donde se vivió un periodo de crisis de legitimidad de los Estados y el status quo en el que varios grupos sociales fueron contagiados de la esperanza que trajeron las ideologías socialistas y de izquierda, luego del triunfo y consolidación de la revolución cubana. Esto trajo la emergencia de distintos tipos de movilización societal, incluyendo el afloramiento de guerrillas en distintos países. La reacción a ello fue encabezada los militares que decidieron “defender a la sociedad de sí misma” (op.cit.: 298) apoyados directa o indirectamente por distintos sectores que vieron peligrar sus intereses en el posible desmoronamiento del sistema político y económico que les favorecía, además de fuerzas externas en una coyuntura de Guerra Fría[3]. Bolivia, con la implementación de la dictadura de Bánzer en 1971, no sólo está al margen de aquello, sino que es prácticamente el primer país que inicia un periodo de dictaduras militares “duras” en la década de los 70 que por sus métodos de persecución a los opositores, los imaginarios sociales que justificaban los autoritarismos, sus objetivos generales y las políticas sociales y económicas, se pueden considerar similares en Chile, Argentina, Uruguay.
Sin embargo, más allá del legado del miedo que se transmite a los ciudadanos como la forma más común de interpelación estatal en este tipo de regímenes, existen una serie de interpelaciones simbólicas discursivas e imaginarias que los llamados “a salvar la Patria” utilizaron para justificar no sólo los golpes de Estado que iniciaron las dictaduras, sino el uso de la violencia contra los que se opusieron al régimen, que, por los abusos cometidos, fue injustificada, arbitraria y desigual y que por supuesto reforzaron el clima de terror en la ciudadanía.
Estas interpelaciones simbólicas que buscan construir un sentido y significado colectivo de los actos de determinados grupos sociales, son lo que llamamos imaginarios sociales que son definidos por Bacsco como “referencias específicas en el vasto sistema simbólico, donde una colectividad se auto representa y genera una identidad” (1990: 200). Siendo los imaginarios la base para la identidad de las colectividades, la relación imaginario y poder es innata ya que el poder se rodea de representaciones imaginarias que lo legitiman y cualquier tendencia política se apoya en esas representaciones con las cuales se identifica y establece redes de oposición. Al establecer estas redes de oposición, en las dictaduras se trató de justificar la violencia ejercida contra esos que se consideraba como opositores, es decir, “los otros”[4].
En este sentido, el objetivo de este trabajo es hacer un breve análisis de los imaginarios sociales que justificaron el uso de la violencia hacia los opositores del mismo por parte de los militares y algunos grupos civiles y políticos que apoyaron el golpe de Hugo Bánzer Suárez en 1971 en Bolivia, imaginarios que siguieron justificando la violencia y la violación a los derechos humanos en el largo periodo dictatorial que vivió Bolivia hasta 1982 y se encuentran en algunas versiones de la historia oficial. Para ello primero haremos una pequeña revisión histórica de los sucesos previos al golpe que intentan explicar de manera general este desenlace, sus protagonistas y sus hechos y posteriormente nos remitiremos a estudiar los imaginarios propiamente dichos.

II. Antecedentes históricos del golpe banzerista

Los periodos de los quebrantamientos de las democracias y el surgimiento de los regímenes autoritarios en América Latina han significado verdaderas rupturas, generalmente traumáticas para varios sectores de la población en distintos países. Una generación de ideas fue perseguida y prácticamente anulada, eliminada y, en el mejor de los casos, reprimida y amordazada.
Muchos factores determinaron estos quebrantamientos, algunos de ellos fueron comunes en América Latina y son susceptibles de análisis generales. Pero también, cada uno de estos autoritarismos puede ser explicado en los contextos nacionales determinados, que les dotaron de características particulares que son entendidas en tiempos y espacios específicos.
Es conocido y analizado por varios autores[5] el hecho de que uno de los principales motivos para la instauración de dictaduras militares en la región fue el afloramiento de posiciones y movimientos de tendencia izquierdista de distintos matices, como consecuencia del éxito de la revolución cubana, que conmovió a miles de jóvenes idealistas y potenció a sectores obreros, campesinos y a viejos y nuevos partidos marxistas.
Como una fiebre, en la década de 1970, no solamente surgieron guerrillas, sino se extendió el sueño de que la revolución y el socialismo podían ser reales. Evidentemente, esta época de esperanza colectiva, es rica en discursos, símbolos y otras expresiones de fuerte contenido ideológico, al cuestionar a Estados que de una u otra manera se encontraban en crisis reflejada en la poca participación y desigualdad de la mayoría de los sectores de las sociedades y en el descontento consecuente[6].
Sin embargo, en Bolivia, una serie de factores y acontecimientos, incluso fortuitos, se entrelazaron a partir de la llamada ruptura del “modelo nacional - revolucionario” (Sandoval, 1979) iniciado con la Revolución de 1952 y truncado a partir del golpe de Estado del General René Barrientos al Presidente Víctor Paz Estensoro.
Los gobiernos de Barrientos, uno a partir del golpe, otro ganado en elecciones posteriores, si bien son concebidos por algunos analistas como ligado a los sectores más desfavorecidos, en la práctica, significaron un retroceso a las conquistas, sobre todo obreras, conseguidas en 1952[7] y un giro a una política económica de mayor apertura a la inversión extranjera, aunque el Presidente tuvo mucho contacto con los campesinos y no fueron tocadas sus reivindicaciones como las tierras repartidas con la Reforma Agraria gracias al pacto militar –campesino promovido por Barrientos[8].
La muerte “accidental”[9] de René Barrientos, dio lugar a un largo periodo de pugnas por en control del Estado por distintas facciones de las FF. AA., que oscilaron entre un Ovando, que nacionalizó las reservas hidrocarburíferas que en el gobierno barrientista fueron adjudicadas a la transnacional Gulf Oil Company, y un Miranda, que organizó un golpe de Estado contra éste acusándolo de “desgobierno” y “ser autor de la nacionalización de las pertenencias de la Gulf Oil”[10]. Así mismo los sectores perseguidos en la gestión de Barrientos salieron a la luz al terminar el periodo de represión, como mineros y estudiantes. Esto se tradujo en movilizaciones y varios golpes de Estado y contra golpes.
El desenlace, se resolvió con el fracaso de un golpe del General Miranda y el ascenso del General Juan José Torres, un hombre de tendencia nacionalista, ligado a los sectores moderados de la izquierda y sobre todo con buenas intenciones, que fue apoyado por 100.000 personas movilizadas en El Alto organizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), mineros, fabriles, chóferes y estudiantes que querían impedir el triunfo de Miranda.
Como es evidente, el período del gobierno de J. J. Torres (de octubre de 1970 a agosto de 1971), se caracterizó por una agitación y conflicto de clases y sectores contrapuestos. El movimiento obrero y de izquierda que desde el gobierno de Ovando empezó su reorganización, en el gobierno de Torres se mostró totalmente reconstituido y fortalecido además por la radicalización de las capas medias particularmente de los universitarios. [11]
El IV Congreso de la COB, realizado en mayo de 1970, dio a luz a la “Tesis Socialista” donde, en líneas generales, se establecía que el socialismo era la única vía para el desarrollo de Bolivia, por lo tanto, los obreros debían imponerlo mediante la revolución social. La importancia de esta Tesis radicó en que como nunca sus postulados fueron tratados de llevarse a la práctica, esto se tradujo no solo en acciones directas por doquier, como tomas de haciendas y otros bienes y presión al gobierno para que realice medidas “antiimperialistas” como la expulsión del Cuerpo de Paz estadounidense[12], sino, sobre todo, en la formación de la Asamblea Popular caracterizada como órgano de poder de los obreros, el “primer soviet latinoamericano” independiente al gobierno y que trató de gobernar al margen de éste.
Por su parte, Torres, de origen humilde, además de ser una persona honesta, mostró un nacionalismo ligado a un capitalismo de Estado más que moderado que iba más allá del “institucionalismo nacionalista militar”. Esto se tradujo en políticas como la nacionalización de Mina Matilde, de las colas y desmontes[13], estatización del azúcar, profundización de relaciones con países socialistas, entre otras medidas.
Los hechos arriba descritos, chocaron con los intereses no solamente norteamericanos, sino de las élites nacionales y con el imaginario “nacionalista” de los militares. Así mismo, la constante agitación de la Asamblea Popular generó pánico entre las clases altas y media-altas, los partidos calificados como “la derecha” y el gobierno norteamericano que no quería una segunda Cuba en América Latina. Esto hizo que se desarrollara una conspiración contra el gobierno de Torres y contra el movimiento obrero[14], que culminó con el golpe de Hugo Bánzer Suárez el 21 de agosto de 1971.
Sin embargo, la conspiración se inició desde el primer día del gobierno de Torres. Los seguidores de Miranda no quedaron en ningún momento conformes con la derrota. Eso es demostrado por el hecho de que en un cuartel del ejército, el de Miraflores, los “mirandistas” siguieron atrincherados muchas horas después de las jornadas que pusieron a Torres en el poder. También en Oruro hubo una sangrienta batalla entre las fuerzas populares y militares mirandistas, que no aceptaron el triunfo de Torres.
El triunfo de Torres para los militares “derechistas” era una continuación de la política de Ovando que quisieron extirpar. Por otro lado la movilización de la izquierda era creciente y la conspiración fue vista como un freno a la ascensión de los sectores populares y la izquierda, organizados en la Asamblea Popular. No olvidemos que también estaban los grupos sociales que desde el principio se mostraron contrarios al régimen, como los empresarios privados, parte de la Iglesia, entidades cívicas como el Comité pro Santa Cruz y hasta los Clubes de Leones y Rotarios, fuerzas sociales vinculadas al status quo desde la consolidación del Estado del 52[15] y partidos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el ultraderechista Falange Socialista Boliviana (FSB).
Así durante los 10 meses del gobierno de Torres casi cada mes se tenía que abortar conspiraciones, complots, intentos de golpe, etc. por los militares derechistas y otros sectores. Los rumores de golpe mantuvieron alertas, casi sin descanso, al gobierno y a las organizaciones populares.[16]
Gallardo, Ministro de Gobierno de Torres, admitió que en un principio el gobierno mantenía leales a un grueso de los militares a cambio de cuantiosas sumas de dinero (Gallardo: 1972:19). Pero esto no pudo durar mucho tiempo, esto porque también los conspiradores tenían como sobornar a los militares. Esto sumado al carácter institucionalista y anticomunista de los oficiales que los complotadores supieron manejar y explotar muy bien a nivel ideológico. Así se dio un proceso continuo de alejamiento de la mayoría del Ejército del gobierno de Torres y una conspiración que generó en su seno todo tipo de recursos ideológicos constituyéndose en grandes imaginarios sociales, propios la ideología militar que interpeló con cierto éxito a sectores de las clases medias y campesinos que al final apoyaron el golpe. Los conspiradores se lanzaron a una lucha no solo física y política, sino también ideológica contra el gobierno de Torres y el movimiento obrero y de izquierda. Así, de alguna manera, se formó una identidad y redes de oposición donde el adversario político era totalmente destruido y deslegitimado primero en las mentalidades, para luego serlo en lo físico. Se impusieron mitos, creencias y símbolos, se crearon nuevos sentidos y se reforzó la identidad de los distintos grupos, como veremos más adelante [17].
El golpe se tradujo en un enfrentamiento entre los golpistas y los grupos de izquierda y afines al gobierno que duró tres días. El saldo fue un centenar de muertos principalmente universitarios y obreros. Destaca la violencia ejercida contra los universitarios que en Santa Cruz fueron fusilados decenas de ellos luego de ser brutalmente golpeados por los militares comandados por Selich, Comandante de la unidad militar cruceña “Rangers” y que luego sería Ministro del Interior de la dictadura. La crueldad de estos hechos son ilustrados por un informe de la COB sobre la violación a los Derechos Humanos, donde hay un testimonio: “Nosotros solo escuchábamos ‘hay que matarlos’ ‘ningún perro rojo vivo’... lo único que hicimos fue tirarnos al suelo”. (Citado en Dunkerley, 1987: nota 87).[18]
En el resto de los departamentos, especialmente en La Paz y Cochabamba, otros tantos universitarios, obreros y políticos de izquierda fueron detenidos; muchos de ellos pasaron a formar parte de los “desaparecidos”. En La Paz moría asesinado por un francotirador el sacerdote Mauricio Lefevre. Destaca también el fusilamiento indiscriminado hecho desde helicópteros a una multitud que combatían a los militares con piedras y muy pocas armas en el Cerro Laicacota de La Paz, y la entrada de tanques a la universidad.
De esta manera se instauró la dictadura de Bánzer en Bolivia, que duró más de siete años y fue precedente de la de García Mesa, famosa por sus abusos y su ligazón con el narcotráfico. En el exilio los mismos sectores y partidos de izquierda, junto con Torres y sus colaboradores formarían el Frente Antiimperialista, tratando de combatir la dictadura desde fuera y también de ingresar nuevamente al país. Por su parte Torres, desde Chile primero y Argentina después, realizó una casi solitaria campaña contra el gobierno banzerista, con planes de volver a Bolivia, hasta que en junio de 1976 en Buenos Aires fue secuestrado y posteriormente asesinado.[19]

III. Los imaginarios sociales[20]

No cabe duda que una característica general de las dictaduras de la década de 1970 fue el papel preponderante de las FF.AA. en estos gobiernos autoritarios. Esto sucedió también, como ya vimos, en caso boliviano de la dictadura banzerista. El golpe fue encabezado por los militares y el éxito del mismo fue determinado por el apoyo de la mayoría de los regimientos de las FF.AA. a la caída de Torres[21]. Pero hay otros actores determinantes cuyo apoyo fue fundamental, por un lado la burguesía agroindustrial ahincada mayormente en el departamento de Santa Cruz junto a empresarios, terratenientes, hacendados, etc. que se opusieron al régimen de Torres desde el principio, cuya manifestación, mayormente, adquirió un tinte regional. También ciertos sectores de las clases medias como transportistas y pequeños propietarios se contagiaron del miedo de las clases altas de la “amenaza comunista”. Paradójico fue el apoyo de una mayoría del campesinado organizado en un primer periodo de la dictadura, hasta 1974[22], como legado en la memoria colectiva del pacto militar - campesino hecho en el Gobierno de Barrientos. En lo político el apoyo al régimen se organizó alrededor del MNR y FSB también en el primer periodo de la dictadura. Los imaginarios sociales desplegados por los militares golpistas y los sectores que planificaron la conspiración fueron dirigidos a interpelar a la ciudadanía, pero principalmente a los actores que componían estos tres grupos sociales mencionados.
A continuación analizaremos los que nos parecen los imaginarios sociales más importantes y como lograron construir y reforzar significados, auto representaciones, diferencias, identidades, miedos, prejuicios e intolerancia, en cada uno de estos sectores, según el caso, y que hasta hoy no solamente están vigentes sino han aparecido con fuerza parecida a la de la década de 1970 ante el surgimiento de movimientos sociales de carácter indígena y una incipiente polarización de Bolivia entre Oriente y Occidente.

III.1. El nacionalismo e institucionalismo militar. El imaginario del nacionalismo “puro” y “bolivianista”.

Nunca hubo como en el caso de los militares, una representación colectiva tan arraigada como el “patriotismo”. En el imaginario general de un militar boliviano, “la patria”, así en un sentido abstracto, tiene que estar sobre todas las cosas. Pero ésta “patria” es una patria imaginaria, el concepto no se refiere a nada concreto, más bien es una idealización de lo que consideran “su” país como el “más rico” el “más noble” “el mejor del mundo”, “la amada Bolivia por la que se va a morir”, imágenes que está por demás decir que son fomentadas a los ciudadanos mediante la educación escolar en cualquier país. Pero en el caso de los militares esto suele ser reforzado en su educación “cívica” en los cuarteles. De esta manera, toda la guerra, todo conflicto, cada uno de los presidentes bolivianos se idealizan hasta el punto de no diferenciarlos unos de otros y enaltecerlos por el solo hecho de ser presidentes bolivianos y sucesos “patrios”. “la patria” es lo único que cuenta y todo extranjero, todo país vecino es el “enemigo” potencial de la “patria”, esto aún es más idealizado por las guerras que vivió el país y la consecuente perdida de territorio[23].
Esta representación se refuerza aún más con la ideología “nacionalista revolucionaria” vigente después de la guerra del Chaco. Por más que los militares en Bolivia se caractericen por ser un sector ideológicamente no claro, todos se consideraban nacionalistas, porque el nacionalismo fue visto como sinónimo de “patriotismo”. La manifestación ideológica más clara del “nacionalismo revolucionario” fue el MNR, tradicional partido con tintes populistas que a lo largo de su historia osciló entre corrientes de izquierda y de derecha y en el que militaron en mayor o menor medida los militares de las generaciones que fueron marcadas por la Guerra del Chaco.
En el periodo que estamos estudiando, en un principio los militares, por esa devoción mística a los Presidentes y ese respeto que se inculca a sus superiores se mantuvieron fieles a Torres, que era su Comandante en Jefe. Muchos oficiales, si bien se alarmaron por lo que llamaron el “carácter comunisante” del discurso de Torres, pensaron que era una jerga nacionalista más, tal vez un poco fuera de los límites, pero aún “nacionalista”, se tranquilizaron un poco al ver que Torres se definía como “nacionalista revolucionario”.
Otra característica del imaginario militar, especialmente en los altos mandos, es su férreo “anticomunismo” posiblemente inculcado en la famosa Escuela de las Américas auspiciada por el gobierno de EE.UU.[24]. Este “anticomunismo” hizo ver a los militares bolivianos y latinoamericanos que lo que se definía como “comunismo” era el peor enemigo de la “patria”, la familia, de Dios; en fin de lo sagrado e intocable en las sociedades. Así, para los militares el comunismo fue símbolo de barbarie, idea reforzada por la influencia mediática por uno de los polos en plena Guerra Fría. Circulaban por los cuarteles los mitos más disparados, como el famoso de que los comunistas enemigos de la familia “comen niños” y el que por ser ateos eran “enemigos de Dios”. Pero además, de acuerdo a los discursos analizados en la prensa de la época, empezó a circular el rumor de que el comunismo era una “idea foránea” que nada tenía que ver con la “Patria” y que además, mediante la “alienación” de los “malos bolivianos” (los comunistas) se quería someter al país al “imperialismo comunista”, donde la “patria” y el “boliviano”, sería sojuzgado por intereses extranjeros. Muchas de estas ideas también fueron reforzadas en los entrenamientos norteamericanos antiguerrilleros.
Pero además en 1967, los militares fueron a combatir la guerrilla del Ché, y allí reforzaron un antagonismo incipiente contra el “Castro - comunismo”. Con la victoria frente a la guerrilla, los militares acrecentaron su “nacionalismo”, pero a su vez guardaron mucho resentimiento a todo lo considerado “comunista” porque muchos de sus camaradas murieron en la contienda. A partir de aquí se tuvo la idea de que los comunistas tienen el objetivo de “destruir la FF.AA.”[25], como muchas veces manifestó Barrientos en sus discursos, dejando así, sin protección, a la “patria”. La guerrilla, pues, como base de una red de oposición, quedó muy arraigada en la memoria de los militares.
En este sentido, el “comunismo” fue sinónimo de ideas foráneas y de invasión. A partir de aquello empezaron a ver con desconfianza a todo lo considerado manifestación de la izquierda, aún así fuera boliviana y los organismos obreros no estuvieron exentos de aquello. Se creó en la mentalidad militar el antagonismo comunista- “bolivianista”[26].
Por todo esto los peores temores de los altos mandos militares se hicieron realidad al ofrecer Torres, en el inicio de su gobierno, la mitad de los ministerios a la COB, en ese entonces muy influenciada por ideas marxistas. Al final Torres tuvo que revocar la oferta porque sino el golpe militar hubiera sido inminente.
Sin embargo el gobierno de Torres para los militares resultaba progresivamente muy “comunisante” y el clima de lo que llamaron “ascenso de masas” era un peligro y con las diferentes acciones directas de los sectores populares en este revuelto periodo. Con la creación de la Asamblea Popular, la Tesis Socialista de la COB y las distintas acciones auspiciadas por la COB, los organismos universitarios y los distintos partidos de izquierda como tomas de tierras, de minas, de órganos de prensa que se pensaba “cooperativizar” y hasta el cierre del Centro Boliviano Americano por una multitud de universitarios[27], los militares tuvieron suficiente material para pensar en el advenimiento del “peligro comunista”.
Ante ello, en diciembre de 1970, a apenas 2 meses del gobierno de Torres, salió por primera vez a la luz pública el entonces Coronel Bánzer en un discurso donde presentaba la disyuntiva de este modo: “o se está con la patria o contra ella”, parte del discurso, decía así:

“Con actitud pasiva e indiferente hasta hoy, venimos siendo testigos de apetitos ideológicos extranacionales, la extrema izquierda y la extrema derecha, ambas han hincado los dientes en la entraña patria, ocasionando el vasallaje mental de algunos malos bolivianos... es hora de poner coto a esta vergüenza nacional, es hora de que nos demos cuenta de que la patria resurgirá como fruto de la paz social, el trabajo fecundo y la comprensión ciudadana, es hora de poner fin a la actitud de los traficantes de ideas ajenas, demagogos que mil veces han engañado al hermano campesino, al hermano minero, al hermano trabajador, al hermano pueblo. Esta debe ser la hora de la verdad: o con la patria o contra ella, o respetando las leyes o atropellándolas, con el orden o con el caos y la anarquía, con la sinceridad o con el fraude y el engaño, con la paz o con la guerra, con la hombría o con el servilismo, con la honestidad o con el latrocinio. Es pues la hora de la verdad y nosotros los militares depositarios del honor nacional debemos exigirla a quienes nos comandan y gobiernan”[28].

Este discurso tuvo bastante convocatoria entre los militares tanto que Bánzer se animó a varios intentos golpistas que fracasaron tal vez debido a que aún los militares estaban indecisos por su lealtad castrense a Torres, pero no dejaron de expresar su simpatía por los discursos similares.
Otro factor que parte de la memoria colectiva militar fue la abolición del las FF.AA en la revolución de 1952 y su reemplazo por milicias armadas. Así la lógica de sentido se construyó al equiparar al comunismo con la revolución y a la revolución con la destrucción de las FF.AA. (Zavaleta, 1987). Este miedo a la destrucción de las FF.AA. se agudizó cuando la Asamblea Popular anunció la futura formación de milicias armadas. Decía Bánzer en su discurso:

“Luchen contra los enemigos de las FF.AA., pues también lo son de la patria”[29].

Al equiparar a la “patria” con las FF.AA. más allá de las jerarquías o el origen social de cada uno de los soldados, de la cultura e ideología, sólo definida ambiguamente como ese amor incondicional a la “patria”, en las mentalidades de los militares, las FF.AA. se convierten en un grupo social homogéneo. En una coyuntura dónde el debate sobre las clases sociales era hegemónico en la política, los militares respondían que sólo podía importar la “clase patria” encarnada en esa “gran familia” que eran las FF.AA.[30]. De este modo se trató de reflejar a Bolivia como una gran familia homogénea, sin diferencias sociales y que sólo los “revoltosos” venían a dividir. En una carta abierta al principal líder de la COB, Juan Lechín, Bánzer y otro protagonista del futuro golpe, el Coronel Valencia, advirtieron:

“Mientras ustedes propugnan una división de clases y hasta racial, el Ejercito es anticlasista y antiracista. Es al contrario, el aglutinante que forma la esencia más pura y limpia de la nacionalidad boliviana, pues en él de enrolan todos los ciudadanos, sin ninguna distinción, repetimos solo a condición de entregarse de lleno al servicio de la Patria”[31].

Por eso:

“Nosotros afirmamos enfáticamente que todos los señores generales, jefes oficiales, suboficiales y tropa de las FF.AA. solo tienen una doctrina del más puro nacionalismo, doctrina que no solo se limitan a pregonarla demagógicamente, sino que la practican sirviendo al país en las regiones más alejadas, en precarias condiciones”[32].

De esta manera se reforzó la red de oposición al “peligro comunista”, “el otro” lo constituyeron todos los organismos obreros, universitarios y las más diversas posiciones de izquierda sin importar su condición o diferencias. En la mencionada carta el líder de la COB, Juan Lechín, Bánzer y Valencia lo recriminaron duramente por su “odio” a las FF.AA. y se lo calificaba de “extremista antinacional”:

“Sepa Usted, además que la institución armada desde su Capitán General, su Alto Mando, hasta el último de sus soldados al llegar la hora de la verdad con el decidido apoyo del pueblo patriota de Bolivia, nos vamos a poner firmes en el puesto del deber y no vacilaremos en erradicar cualquier tipo de anarquismo o comunismo, especialmente el que usted trata de imponer no por la fuerza de la razón, sino por la razón de la fuerza”[33].
“Al atacar a las FF.AA. se está infringiendo un grave daño al país, se está contribuyendo a la anarquía, al caos y al desconcierto”[34].

Por último le advirtieron:

“.... nos queda por decirle que el ejercito, que es el pueblo, estará con él y luchará contra quienes pretendan destruir la nacionalidad ahora y siempre”[35].

De acuerdo a este razonamiento, nació en Junio de 1971, cuando los ánimos estaban aún más caldeados, “El Comité de Defensa de la Bolivianidad” liderado por Bánzer y en cuyo manifiesto decía:

“Es necesario organizar la defensa de la nación antes de que sea demasiado tarde y Bolivia entera se convierta en un inmenso campo de concentración comunista”[36].

III. 2. “Caos y anarquía”

Sectores contrarios régimen y sobre todo a la Asamblea Popular y su formación, principalmente empresarios y latifundistas cruceños, en todo el país protestaban por “el caos y la anarquía” reinante en el país y por los afanes “comunisantes”. Si bien existía un clima de movilización social, el gobierno no proponía otra cosa que un gradual capitalismo de Estado, que se tradujo en la nacionalización de varias empresas extranjeras y estatización de algunas minas e industrias, como la del azúcar. Por otro lado, había una política relativamente independiente de EE.UU., por lo que muchas imposiciones de este país fueron derogadas, por ejemplo se restablecieron las relaciones con Cuba y la URSS. Sin embargo, como era de esperarse, fueron afectados con las medidas los terratenientes del Oriente y los empresarios vinculados al capital extranjero, que mediante el control de muchos de los medios de comunicación empezaron a difundir la certeza de que Bolivia estaba progresivamente sumiéndose en un clima de “caos y anarquía”, alentando a los militares a “resolver” el problema. Por ello Bánzer justificó un primer intento golpista en enero de 1971:

“... acepto la responsabilidad que se me atribuye como uno de los gestores del fallido golpe que pretendía fundamentalmente, encausar la vida nacional por la ruta de la paz, el orden, la verdad y el trabajo fecundo, bases innegables del progreso y de ninguna manera la práctica del odio, del rencor y de la demagogia que conducen al caos, a la anarquía y la destrucción”[37].

Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados, en pronunciamientos públicos, también alertaban a la población contra “los despojos” y “asaltos a la propiedad”, calificando así las medidas del gobierno de Torres. Decían que toda persona que sea dueña de algo corría el riesgo de ser “despojada”, por lo que todo ciudadano debía sumarse a la lucha. En un comunicado, la Confederación de Empresarios Privados argumentó:

“Todo aquel que sea dueño de algo que codicien los demás debe empezar a escarmentar en cabeza ajena, pues ha quedado de hecho expuesto el riesgo de la incautación armada, sin forma ni figura de juicio”.
“Esto es lo que pretenden quienes se empeñan en la destrucción de Bolivia, mediante formulas y procedimientos que han demostrado su inutilidad en otros países que ya están uncidos al mecanismo de las expropiaciones y colectivizaciones”[38].

Muchos sectores de clase media se sintieron interpelados con estos discursos y también empezaron a imaginar ese clima de “caos y anarquía”.
También en los Clubes de Leones, de damas rotarias y afines[39] no se hablaba de otra cosa que del creciente “caos” que vivía el país. Los comités cívicos de diversos departamentos de igual manera expresaron su protesta en ese sentido y realizaron una serie de paros con cualquier excusa e incluso pidiendo soluciones al gobierno de demandas poco importantes. Contribuyeron también sectores como los transportistas con bloqueos de carreteras. Todo eso era en el fondo un franco boicot al gobierno de Torres. Estas mismas acciones alimentaban la idea de que el “caos y anarquía” se apoderaba del país.
Posteriormente en la dictadura banzerista al recordar el régimen derrocado, justificaban el sangriento golpe y las violaciones a los derechos humanos recordando “el caos y la anarquía” de ese pasado reciente.
Esta idea se constituyó en un imaginario muy fuerte en algunos sectores de la población, lo que los llevó a apoyar el golpe. Es interesante que hasta se escribiera un libro “testimonial” del periodo llamado “Anarquía y Caos”, texto que contiene muchos de los imaginarios aquí descritos[40].

III. 3. “Dios patria y hogar”

Por otro lado, siguiendo la lógica de los imaginarios sociales analizados, el peligro comunista significaba acabar con la familia, renegar de Dios (porque el comunismo es ateo) y por lo tanto “destruir los grandes baluartes de la patria”[41]. Cuentan Gallardo, Ministro de Gobierno de Torres y la que fue esposa de Torres, Emma Obleas, que en los distintos clubes como el Club de Leones y el Rotary Club, “las damas de sociedad” se horrorizaban cuando hablaban de la situación política del país comentando “el avance del comunismo, destructor de la patria y la familia”[42]. Este sentimiento fue capitalizado sobre todo por FSB que si bien aceptaban como un problema la desigualdad en Bolivia y la crisis de ese actual Estado y modelo económico, la solución la resumían en un antagonismo sue generis. En un comunicado decían:

“O socialismo nacionalista o socialismo comunisante, están en juego los grandes valores nacionales: Dios Patria y Hogar”[43]

Por lo tanto el gobierno de Torres, la Asamblea Popular y el movimiento social boliviano representaban no solo la liquidación de la patria o la familia sino también un desafío al mismo Dios.
Es ilustrativo lo que sucedió con el cardenal Mauer, entonces máximo representante de la iglesia católica. Mostrando una gran sensibilidad, ofreció donar algunos bienes de la iglesia a sectores desfavorecidos haciendo una autocrítica a la acumulación de los religiosos. A esto el resto de la iglesia y sobre todo los “devotos” pertenecientes a los clubes mencionados, reaccionaron indignados amenazando “crucificar a su cardenal” por ser un religioso “alejado de Dios y sus preceptos” (Citado en Strengerss, 1986).

III.4. La “clase social camba”[44]

Santa Cruz es un Departamento con grandes recursos económicos y naturales que a partir de 1952, con medidas económicas graduales, se convirtió en el gran reservorio económico del país por lo que creció y progresó rápidamente. Este progreso generó una fuerte burguesía agroindustrial. Mucha de la acumulación económica, de este sector proviene de los ingresos de grandes haciendas ganaderas y del cultivos como la soja y el azúcar, por lo que la Reforma Agraria siempre fue duramente combatida por los hacendados, además de todo intento de una distribución más equilibrada de la tierra. Por otro lado, Santa Cruz sufrió una inmigración de nativos de diferentes países europeos que intentaron no mezclarse con los originarios, siendo también éstos parte importante de la burguesía cruceña.
Como suele suceder en las regiones de desarrollo económico acelerado, se tendió a un regionalismo creciente que intentó diferenciarse del resto del país considerado “atrasado”. Los discursos regionalistas además adquirieron un fuerte contenido racista contra los habitantes del occidente del país, principalmente contra los campesinos de origen quechua y aymara, los denominados collas[45], con rasgos indígenas marcados que son considerados no sólo como “los que no progresan” sino la parte “fea” de Bolivia[46]. Entonces para la burguesía agroindustrial del Oriente el gobierno de Torres no solo representaba un “peligro comunista” al afectar sus intereses con su proyecto estatista, sino que además era un gobierno que representaba al “centralismo colla”. Incluso era objeto de burlas la apariencia de Torres, moreno y de baja estatura. Cuando se estatizó la industria azucarera, mayormente manejada por empresarios cruceños, la Cámara de Comercio de Santa Cruz se pronunció:

“La disposición gubernamental que estatiza la industria azucarera, significa un freno más al desarrollo económico de Santa Cruz....”
“La Cámara de Comercio e Industria apela al sentimiento cívico del pueblo cruceño en el deseo de unir fuerzas en defensa de los altos intereses del departamento”[47].

Diversos sectores cruceños e incluso los más empobrecidos que incluyeron a otros de Pando, Beni y Tarija, comandados por el Comité Pro Santa Cruz, fueron interpelados por esta convocatoria. Los intereses de la burguesía y terratenientes cruceños y del resto del Oriente Boliviano, pasaron a verse como las demandas de todo habitante del Oriente. Zavaleta (1987) explica este fenómeno proponiendo la hipótesis de que en la mentalidad de los cruceños y menor medida benianos, pandinos y tarijeños, bajo una verdadera hegemonía ideológica de los sectores más poderosos de esos departamentos, siempre se tuvo la tendencia a pensar en una referencia de pertenencia: la “clase social camba” cuyo referente de oposición y enemigo era el occidente boliviano o el “centralismo colla” que además tenía el plus de conllevar al “peligro comunista”.
Según Zavaleta (op.cit.) esta representación llegó bastante lejos, muchos de estos sectores pensaron hasta en separar a Santa Cruz del país para declararla país “libre y democrático” y hasta se pensó en anexarlo al Brasil. Gallardo (1991) denunció un plan bastante elaborado apoyado por la dictadura brasileña, previniendo la posibilidad del fracaso del golpe banzerista. Si esto pasaba, se iba a declarar la autonomía de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija (la “Media Luna”)[48], como un país independiente y desde allí se haría la guerra al país “colla” y “comunista” con apoyo de militares brasileños y norteamericanos[49].
FSB fue el partido que más expresó este regionalismo, de ahí que tuvo mucha convocatoria en Santa Cruz. Mario Gutiérrez, cruceño, jefe nacional de FSB y una de las “figuras” del golpe y dictadura Banzerista, justificando sus afanes separatistas, dijo:

“Nosotros no hemos inventado la división de Bolivia en dos zonas geográficas, y las denuncias sobre separatismo de Santa Cruz es una excusa para la intervención punitiva del imperialismo colla”[50].

De esta manera, se puede entender que fue en Santa Cruz el inicio contundente del golpe banzerista, y que obtuvo apoyo importante en otros departamentos del Oriente, a través de una manifestación protagonizada sobre todo por mujeres y niños de clase media y alta y falangistas. Estos últimos mostraron una saña y crueldad sin precedentes contra “los comunistas” muy ligados a los militares comandados por Selich, que solo en las jornadas del 19 de Agosto de 1971 y bajo sus órdenes murieron muchas personas, sobre todo universitarios.

III.5. El pacto militar - campesino

Volviendo a la década de 1960, como vimos precedentemente, una de las características del gobierno de Barrientos fue apoyar ciertas demandas de los campesinos. Así, en este período se firmó un pacto militar –campesino, donde a través de él, el gobierno casi tuvo el control absoluto de los sindicatos campesinos. También, mediante estrategias de carácter populista, Barrientos se convirtió en un caudillo del campesinado, querido y venerado. Pero, al mismo tiempo el régimen barrientista se caracterizó por una política conservadora, antiobrera y antiizquierdista con masacres mineras tristemente célebres[51].
Esta característica antiobrera y antiizquierdista fue también asimilada por un grueso sector de los campesinos, a través de la percepción del “amigo militar”[52], se acostumbraron a ver obrero y a partidos de izquierda con desconfianza y al militar como su aliado.
En un inicio, los sectores campesinos barrientistas apoyaron el gobierno de Torres, confiando en el carácter militar de éste, ya que consideraban a todos los militares “iguales”[53], pero a la vez atacaban en algunos comunicados públicos al creciente movimiento social. La pelea principal se desató cuando otro grupo de campesinos de un sindicato asentado en Cochabamba de tendencia marxista “maoísta”, fracción que participó en la COB y en la Asamblea Popular, hicieron una campaña para romper el pacto militar-campesino, porque lo consideraban un pacto con el “fascismo”. A esto el resto de los sindicatos campesinos reaccionaron violentamente y sacaron sus comunicados a la prensa contra “el extremismo”:

“Nos declaramos en emergencia con el objetivo de defender la intromisión extremista de la COB y CUB[54] en organizaciones campesinas y respaldar plenamente al gobierno del presidente Torres”[55].

Torres también se dedicó a tratar preservar el pacto militar-campesino, pero con resultados parciales, ya que la mayoría de los sectores vinculados al pacto terminaron apoyando el golpe.
Un discurso ilustrativo de la mentalidad de varios líderes campesinos como aliados de los militares, fue el del dirigente de la Federación Campesina de La Paz, Dionicio Osco, cuando mandó una felicitación pública a los Coroneles Bánzer y Valencia, por la carta abierta a Lechín, al respecto Osco justificó:

“Fue solo una felicitación a los Coroneles, además existe el pacto militar-campesino y nosotros creemos que todos los militares son iguales”[56]

La ruptura entre Torres y estos campesinos se dio bastante pronto. Empezó cuando la Federación cruceña de campesinos protagonizó una manifestación, desconociendo al prefecto de ese departamento y pidiendo la renuncia de varios ministros “por ser elementos de extrema izquierda”[57]. Dicha manifestación fue denominada “Marcha contra el imperialismo Ruso – Chino” y la justificaron como una protesta por “la anarquía imperante en Santa Cruz y en el país” y para “impedir que el comunismo se incruste en el poder”[58].
Esta marcha en seguida fue apoyada por la Confederación Nacional de Trabajadores Campesinos (CNTC), sin embargo Torres no cedió y ratificó al prefecto y a los ministros, ordenando la baja de los militares que colaboraron en la marcha.
Contra aquello, los campesinos participantes reaccionaron lanzando una enérgica protesta y calificando al gobierno como “traicionero del pacto militar – campesino y parcializado con la COB y extremistas”[59]. Posteriormente amenazaron con crear una nueva “Central Obrera Nacionalista” y otra Asamblea Popular con carácter de “parlamento de los campesinos” y movilizar 30.000 campesinos armados contra “el gobierno comunista de Torres”[60]. A partir de esto los principales dirigentes de la CNTC se recluyeron al campo agitando al resto de campesinos para que se rebelaran al gobierno y pregonando el viejo argumento utilizado por los militares y empresarios de que los “comunistas son enemigos de toda propiedad”, por lo tanto les “quitarían sus tierras”[61].Dijo Clemente Alarcón, dirigente de la CNTC:

“El gobierno comunista de Torres, con el socialismo que pregona, nos quitará nuestras tierras. Hay que estar listos con armas en la mano para movilizarnos en cualquier momento, y para derrocar al traidor del Gral. J.J. Torres” contamos con el apoyo de fuerzas poderosas”[62].

Clemente Alarcón, dirigente de la CNTC, terminó siendo detenido por el gobierno porque fue encontrado en plena labor conspirativa. Por su parte el resto de los campesinos “barrientistas”, por ejemplo el mencionado Dionicio Osco, fueron encontrados reclutando campesinos pagados para el golpe de agosto, junto con militantes del MNR y FSB.

III.6. La “balcanización” de Bolivia

Muchos sectores militares, la empresa privada, el MNR y FSB se dedicaron a propagar un clima de incertidumbre con el rumor de que si en el país no se le ponía “coto al peligro comunista” Bolivia sería “invadida” ya sea por los norteamericanos, por los brasileños o por cualquier otro país que se sintiera afectado por un “país comunista en el centro del continente”[63]. Incluso en el extranjero corría el rumor de una “vietnamización” continua de Bolivia. Pero también, según extensas declaraciones en la prensa, si se lograba instaurarse el socialismo en Bolivia, sería invadida por los soviéticos, cubanos y chinos. Entonces, sino se ponía el “orden” necesario, no habría salida, el país “desaparecería”. El comandante del Ejercito Gral. Terán, declaró:

“Un extremismo, ya calificado de infantil, parece buscar el caos y hay que decirlo la vietnamización de nuestra Patria”[64]

Por su parte, la Confederación de Empresarios privados de Bolivia advirtió:

“El riesgo de un enfrentamiento entre sectores de importante gravitación en la vida nacional es peculiarmente peligroso en el orden internacional, emergente del aislamiento de Bolivia, que se halla rodeada de regímenes poderosos que creen ver un riesgo para su estabilidad en el establecimiento de un gobierno socialista en el corazón del continente.
Se encuentra pues en juego, en los días que vivimos, la existencia misma de Bolivia como nación independiente y soberana”[65].

Estos discursos y rumores provocaron pánico en ciertos sectores de la población, sobre todo en los militares que imaginaban la “balcanización” de la amada patria. Se creó un ambiente de confusión ideal para debilitar al gobierno y para ganar a más sectores a favor del golpe inminente.

III.7. Rumores y rumores

En este convulsivo período, abundaron los rumores que acrecentaron un clima de incertidumbre que potenció la interpelación de los imaginarios sociales descritos y el miedo colectivo. Primero, casi cada semana de esos 10 meses, se hacía correr el rumor de que, cualquier momento, estallaría un golpe de Estado. El gobierno tuvo que mantenerse alerta todo el tiempo y movilizar en vano a sus tropas de seguridad en una cantidad considerable de falsas alarmas. También la COB y partidos de izquierda se declaraban en emergencia y movilización contra el “inminente golpe fascista” las veces que fuera necesario, gastando energía en vano. Se puede decir, por eso, que tanto el gobierno, los sectores obreros y universitarios y los partidos de izquierda, no tuvieron un solo momento de tranquilidad.
Por otro lado los militares golpistas, empresarios y demás sectores contrarios al régimen, hacían circular el rumor de que Torres “por decreto” instauraría el socialismo en Bolivia y “declararía” al país “nación comunista”, en determinadas fechas (Gallardo, 1991).
Estos rumores venían acompañados de otros referidos a que por esos mismos días se nacionalizaría la banca, el comercio exterior, las empresas telefónicas, lo que propagaba más pánico en los sectores empresariales y clases medias. Según Gallardo (1991) éstas medidas no estaban en los planes del gobierno de Torres y menos la instauración del socialismo “por decreto”.
Así primero circuló el rumor de que se instauraría el socialismo el 1 de Enero de 1971 por ser además año nuevo, incluso Bánzer así justifico su primer intento golpista en ese mes. Después se propagó que era segura la instauración del socialismo del 1 de Mayo, en homenaje al día del trabajador, y fecha en la que se inauguró la Asamblea Popular. Luego se dijo que el socialismo se instauraría el 22 de Junio, fecha en que se realizaría la primera reunión de la Asamblea Popular. Por último manifestaron que se tenía planeado por parte de Torres y la Asamblea Popular instaurar el socialismo el 2 de Septiembre de 1971, día en que la Asamblea reanudaba sus reuniones y que esto fue impedido por el golpe del 21 de agosto. Incluso Bánzer en varios discursos presidenciales hacia alusión de lo “cerca que se estuvo del abismo” porque en septiembre de 1971 “se impondría el castro – comunismo”[66] y que gracias a su “intervención” se evitó eso[67]. Los rumores reforzaron la identidad de los golpistas frente al adversario, el rumor, como diría Bacsco (1990), fue parte importante de lo imaginado.

III.8. “La hora de la verdad”: la “revolución de agosto”

Los imaginarios sociales estudiados se reforzaron y adquirieron matices más claros y definidos en la dictadura. Es paradójico que a partir del 22 de agosto de 1971, al día siguiente del triunfo golpista, la mayoría de la prensa y los portavoces de la recién instaurada dictadura, llamaron al golpe “la revolución de agosto” o la “revolución nacionalista”, por ejemplo el periódico “Hoy” en su Anuario de 1971 con grandes titulares se refería al golpe: “Así se gestó la Revolución de Agosto”. Entre otras cosas se imprimió:

“La revolución había triunfado. Las mujeres cruceñas desfilan durante “La Marcha de la Libertad” en la Plaza 24 de Septiembre”[68].

El escritor de “Anarquía y caos”, Samuel Mendoza justificó así el golpe:

“... Bolivia ha atravesado una verdadera noche negra y tormentosa y nunca el país estuvo tan cerca del abismo.... El caos y la anarquía cundieron tan vertiginosamente, que la caída del país en manos del extremismo rojo era inminente. Cuestión de días, quizás horas o minutos. Nunca la reacción del pueblo fue tan oportuna como el 21 de Agosto de 1971” (Mendoza, 1973:56).

Asimismo Bánzer justificó el golpe en sus declaraciones sobre que “realmente el castro - comunismo se apodera de Bolivia” y como prueba mostró supuestos documentos del ELN, que según dijeron se encontraban en las instalaciones del Ministerio de Gobierno en el periodo de Torres[69]. Asimismo se justificó la feroz represión diciendo que la mayoría de personas que comandaban los llamados “grupos guerrilleros” y “partidos extremistas”, “no eran bolivianos, sino extranjeros, sobre todo cubanos”[70]. Cosas como estas publicó el periódico “Hoy”, sobre la represión y persecución a los opositores por la dictadura banzerista:

“Si inicialmente, al caer el gobierno del extremismo infantilista, supo emplear mano dura para ahuyentar de determinadas zonas del país a elementos guerrilleros que pretendían encender una guerra civil con claro propósito de establecer la violencia, el crimen y la depredación, encaminados a aprovecharse del caos reinante para la consabida “pesca en río revuelto”, cuando su energía pudo restablecer orden y poner en fuga a los guerrilleros, en su mayoría extranjeros, que actuaban siguiendo consignas de La Habana, sus planes se encaminaron a mantener esa paz y esa tranquilidad que la revolución de agosto habría conquistado para el ciudadano boliviano”.
“.... Ardua fue la labor en ese sentido, con una característica, no hubo en ningún caso empleo de violencia, ni en las operaciones que se efectuaron para allanar algún refugio de rebeldes, ni en las dependencias donde se alojó a los detenidos de delitos políticos comprobados...” (!)
“... Hubo trato humano, considerado, absolutamente tolerante para los detenidos, que seguramente en situación inversa, no habrían obrado en forma tan cristiana y generosa”[71](!!)

Bánzer calificó a la dictadura diciendo:

“Se trata, pues, de un gobierno que es de todos los bolivianos y para todos los bolivianos sin otra exclusión que aquellos que torcieron deliberadamente su camino para comprometerse con las tendencias rojas que son la negación de la patria y las guerrillas extremistas cuyo credo se basa en la anarquía, la violencia y el exterminio”[72]

Del mismo modo se justificó el cierre de las universidades:

“La universidad autónoma se consideró territorio libre y sirvió no solamente de asilo a guerrilleros armados en el extranjero para atacar al país, sino de campo de instrucción para subvertores del orden y de arca abierta para mantener toda clase de advenedizos y de robinsones peludos”[73].

No contentos con eso, los militares, además, se dedicaron a cortar por la fuerza los cabellos de todos los jóvenes (“robinsones peludos”) acto cargado de simbolismo que refleja la vulnerabilidad del individuo frente al detentor del poder absoluto.
Pero no sólo se cerraron las universidades, sino varias las instituciones sufrieron de algún modo de represión del régimen. Selich justificó la represión que trascendió todas las fronteras de la sociedad civil:

“Harto era lo que había que hacer en ese sentido, pues, los extremistas habían logrado posiciones no solamente en las direcciones sindicales y en las dependencias del Estado, sino que habían logrado incrustarse, inclusive, en la prensa independiente, en las radios, en las instituciones públicas y privadas, en las entidades cívicas, en las escuelas y colegios y aún en núcleos insospechables como la iglesia, los clubes sociales y los comités de beneficencia”[74]

En este sentido se propagó bastante propaganda justificando al régimen “contra el comunismo”, un folleto del Ministerio de Informaciones de la dictadura titulaba:

“¡El extremismo escupía en la cara a la patria!”

Vemos con absoluta claridad como en este régimen se articularon perfectamente los imaginarios antes descritos para justificar lo injustificable: un gobierno autoritario, las restricciones de las libertades básicas, pero sobre todo la violencia ejercida por el terrorismo de Estado.

IV. A manera de conclusión

En este trabajo hemos pretendido un acercamiento a los hechos precedentes al golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 y a algunos imaginarios sociales plasmados sobre todo en discursos mediáticos que justificaron el desenlace violento que significaría la instauración de un régimen autoritario en Bolivia con todo lo que eso significa. Pero, a pesar de todo, la mayoría de los imaginarios y discursos descritos siguen vigentes en algunas versiones de la “historia oficial” para explicar el surgimiento de las dictaduras en Bolivia. Fueron utilizados en las distintas compañas electorales de Bánzer, no sólo para justificar su cuestionada dictadura sino para presentarlo como “salvador de la Patria” y siguen siendo manejados por los adeptos políticos y familiares del fallecido dictador[75]. Así mismo los discursos “autonomistas” sobre todo en el Departamento de Santa Cruz, asombran por su similitud con los del 70. Una cosa similar sucede en Chile en el entorno del también fallecido dictador Pinochet y en los sectores “pinochetistas” que además refuerzan la defensa al golpe con la famosa idea de la “dictadura eficiente y honesta que desarrolló la economía en Chile”, ahora un poco mermada por la reciente puesta a la luz de casos de corrupción de Pinochet y su familia.
Esto nos lleva a una reflexión manifestada en la conferencia de D´aloisio-Nápoli sobre las Madres de la Plaza de Mayo y Osvaldo Bayer[76], sobre la posición de la historia oficial al hablar de la dictadura en Argentina en 1976, incluso plasmada en los informes sobre las violaciones a los Derechos Humanos, que afirmaba que se antepuso la violencia del Estado a una “violencia subversiva” aunque “el Estado se excedió”.
A estos discursos oficiales se oponen versiones alternativas como la de las Madres de la Plaza de Mayo[77], historiadores, políticos o académicos que trabajaron en caso boliviano como Dunkerley, Zavaleta o Sivak. La confrontación de varias construcciones de la historia, de alguna manera, nos permitirán discernirla y así lograr que construyamos un mejor presente aprendiendo las lecciones del pasado.

Erotismo en la política

Lo que tiene de bueno el ejercicio del poder es que uno se aquerencia en él. Si uno ya lo posee y no tiene que disputarlo, advertirá que amainan en su espíritu ciertas turbulentas ansiedades. El poder es voluptuoso y su ejercicio es tan excitante que uno se vuelve sedentario en ese predominio por sobre congéneres y semejantes, integren éstos una comunidad, una manada, un cardumen o un hato de barras del fútbol. En cualquiera de los estratos de la vida en sociedad, un mandamás parece necesario, qué le vamos a hacer.

En política, lo que tiene de malo el ejercicio del poder es que uno, de puro posesivo, se transforma en lujurioso glotón de voluntades populares, ávido de más raciones de tan fantástico manjar. Los hombres públicos de la Ciudad suelen dar cuenta del placer libidinoso que depara la exacerbada ambición. No pasa lo mismo en el reino animal: el león se revela satisfecho y no aspira a más cuando reúne un harén en número suficiente para garantizar la preñez de cada una de sus concubinas. La abeja reina sacrifica al zángano de su marido en el vuelo nupcial y si luego goza de regalada vida burguesa es porque dotará a la colmena de más clase obrera. No hay abejas bloqueadoras o comités del paro, ya que el maleficio del desempleo, fuente de miseria y delito, es privativo del hombre.

La proclividad al goce del poder desmedido, disfrutado sin pudor y hasta que las velas no ardan, forma parte de las tradiciones canónicas del sindicalismo vernáculo, y del institucionalismo de a dólar y promete extender sus prerrogativas.

A la tracalada de gobernadores que ansían extender en espacio y tiempo sus abnegados servicios a la patria, para así revalidar su condición de sex-symbols del poder, se agregan los cívicos "no políticos" ya habilitados mediaticamente para postularse algún momento "con la piel de no políticos" para explorar una maraña leguleya para fundamentar su propósito de permanecer un período más al comando de pelea.

La ciudadanía extremadamente dócil, admite frívola las interpretaciones para dejarse toquetear, sumisa y resignada, cuando la sensualidad del poder le impone ese sometimiento, esa humillación, un paro una marcha un bloqueo no importa el lado.

Todo induce a sospechar que los espectáculos de erotismo político son propios de las democracias casquivanas.

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Luis Fernando Vía Cavero
Consultor en Comunicaciones

¿Cuanto han cambiado las cosas en nuestro país?

Luis Fernando Vía Cavero

En coimas, los bolivianos dieron Bs 905 millones. La cifra representa la mitad del déficit fiscal o del monto que se adeudaba en 2005 al FMI. Asimismo, significa el 5 por ciento de todo lo que Bolivia exporta. Los pagos extraordinarios e ilegales que miles de personas hicieron para sacar ventaja de cualquier trámite (coimas) en instituciones públicas y privadas, se comieron al menos 905 millones de bolivianos en el 2005, desde aquel año no se ha realizado otro estudio sobre el tema a diferencia de otros países como México y Perú.

Según este trabajo de investigación, en la última gestión se realizaron al menos 43 millones de trámites, de los que 5,3 fueron tratados por este tipo de pagos, en 42 clases de servicios públicos y privados.
La investigación, denominada 'Costo de la corrupción para los hogares de Bolivia', tiene como objetivo dimensionar, en cifras, la 'pequeña corrupción' que se da cuando un ciudadano hace estos pagos irregulares para obtener algún beneficio. Sin embargo, estos actos que se caracterizan por mover cifras menores a los Bs 5 mil, generan millones y 'crece a medida que ocurre'. Es por ello que estas actitudes provocan 'efectos perversos', que también son generadas por la ciudadanía que es la que da el dinero, haciéndose parte del problema. 'No olvidemos que la corrupción se da en dos vías, una es la que da y otra la que recibe, y en este caso es el ciudadano que entrega el dinero'.

El trabajo, que en su parte operativa fue ejecutado por la empresa Encuestas y Estudios, señala que en promedio, cada hogar boliviano ha gastado en un año al menos Bs 400 (50 dólares) en coimas. Ello significa que en promedio, casi la mitad de los hogares de Bolivia, cerca de 984 mil, acepta haber pagado al menos una coima en el último año.

Para medir todas estas variables, desde el año 2005 se construyó el Índice Nacional de Corrupción (INC), que permite identificar los niveles de este delito por departamento, ciudades eje y servicio. Este indicador se utiliza en una escala de 0 a 100. Por ejemplo, según ese estudio, el departamento con mayor índice de corrupción es Oruro, en el que de 100 trámites realizados, 21,9 fueron tratados con pagos ilegales; mientras que la región con menor índice es Pando, con 7,1 trámites de 100 que fueron acelerados por coimas. Es así que, los montos emitidos por coimas están entre Bs 5, que se pagan en los colegios, hasta 400 por delimitación de tierras. En promedio, el costo de coimas por trámites es de Bs 160. Sin embargo, las instituciones que más captan estos pagos son la Policía, Aduanas y el Poder Judicial. Por ejemplo, según el estudio, los Bs 240 millones que se dan de coimas a los policías, podrían servir para cuadruplicar los sueldos de sus 20 mil efectivos, o en el caso de la Justicia, donde se dieron Bs 303 millones, que podrían ser utilizados para pagar los sueldos de 4.500 jueces.
Asimismo, también se revela que para los hogares con ingresos de hasta Bs 500 cada mes, el pago de las coimas representó el 16,9% del total de sus ingresos, mientras que en los que tienen ingresos superiores a Bs 5 mil mensuales, el pago por coimas fue de solamente el 1,3 % de su ingreso anual.

El trabajo también toma en cuenta la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción, por ejemplo se reveló que el 43% de los encuestados cree que es posible acabar con la corrupción. No obstante, el 50% cree que comparado con los años antecesores, hay más corrupción en Bolivia.

En referencia a la percepción que cada uno de los encuestados tiene sobre sí mismo, se utilizó una escala de honestidad del 1 al 7, los bolivianos se califican con 5,9 como honestos, por lo que el 54% cree que el sistema los obliga a volverse corruptos. Asimismo, la mitad de los encuestados piensa que hay más corrupción en los niveles altos del Gobierno que en los niveles bajos. Aunque los resultados de esta encuesta muestran que la corrupción existe en los niveles más bajos, es decir, entre los que proveen directamente los servicios públicos.

Servicios públicos

Judicial y de Identificación • Según el estudio, 429 mil trámites en juzgados fueron con coimas y un millón de trámites para obtener carnet de identidad, también se hizo con pagos extras.

Aduana y PTJ • Para sacar cosas por la Aduana o puestos fronterizos se registraron 69 mil trámites con coimas. Para levantar un trámite en el Ministerio Público o PTJ, y evitar detención, se registraron 218 mil trámites con pagos extras.

Tránsito • 55 mil trámites con coimas para recuperar el automóvil robado; 211 mil trámites para evitar que la Policía ponga trampas al auto y 334 mil casos con coimas para evitar una boleta con multa.

Municipios y privados • En el ámbito municipal registra un 8,2% de índice de corrupción y el sector privado tiene un 7,2% de índice de los trámites con coimas.

Punto de vista

El estudio mide los actos de corrupción en pequeña escala, además pone a la luz el otro lado de la cara de la moneda del fenómeno de la corrupción. No es un análisis de las instituciones del país, sino que se estudia el comportamiento del ciudadano en 42 servicios y la propensidad de éstos (ciudadanos) en el uso de estos servicios y que tengan que pagar extras o coimas. Para aquellas personas que siempre están frustradas en no poder hacer nada contra la corrupción, se recomienda cambiar este comportamiento, simplemente tomando la decisión de no coimear.

Para que el estudio sea válido y útil para medir el progreso o retroceso en temas como la corrupción, se recomienda que se debería hacer cada año, o por lo menos cada dos años, un estudio similar en Bolivia. El estudio ha sido patrocinado por un grupo de emergentes de la sociedad civil, de la "Red Anticorrupción", donde incluye un par de organizaciones de Santa Cruz y el trabajo de ellos será concienciar a la ciudadanía sobre este problema (la corrupción) y segundo, exigir a las entidades gubernamentales mejorar en la entrega de este tipo de servicios. Es el primer estudio así que se hace en Bolivia, a diferencia de México que va en su tercer estudio (cada dos años), y en Perú que ya se ha realizado en dos oportunidades.

El País de la Política sin Brújula

Juan José Anaya Giorgis

A los movimientos políticos hay que comprenderlos observando los objetivos que persiguen y los métodos que emplean antes y durante las acciones que su organización ejecuta. Sólo aquellos que demuestren fortaleza, poder aglutinador y claridad en el camino, tienen oportunidad de triunfo para construir un destino social que a todos alcance e inclusive liberar al hombre de sus ataduras (según el caso).

Pero si por el contrario, un movimiento político adolece de una conducción sólida, desconoce los pasos intermedios que debe transitar para alcanzar los objetivos que se ha trazado, o si más aún estos últimos son, de por si, fines abstractos, está condenado al fracaso, o a ser reabsorbido por sus adversarios.

Los movimientos sociales, protagonistas del escenario político actual (Coordinadoras del Gas, CIDOB, MAS, MIP, CSUTCB, FEJUVE El Alto), tienen entre sus virtudes, por ejemplo, la desmitificación del neoliberalismo, como modelo económico eficaz para resolver los problemas políticos y sociales del país.
Sin embargo, en lo que concerniente a una interpretación cabal de la realidad mundial (la elaboración de un plan de gobierno o la consistencia de su organización política intersectorial) sobresalen más los desatinos sobre sus virtudes, al punto de que su práctica política, coincide con nuestra descripción efectuada en los dos primeros párrafos de esta reflexión.

La derrota de la Unión Soviética, en manos del imperialismo occidental, ha significado graves consecuencias para los países más débiles: los que no logren incorporar sus estructuras productivas en la economía globalizada, ingresarán en una espiral regresiva, consecuencia de su imposibilidad para afrontar los problemas de sociedades que han sufrido violentas explosiones urbanas, y la indiferencia del imperialismo, que sólo conoce dos lenguajes: la economía y la guerra.

Cuando el estaño fue nacionalizado en Bolivia, el país controlaba aproximadamente un tercio de su producción mundial, en una época de la historia industrial, donde esta materia prima era de uso indispensable para la producción. Aquello le otorgó al país, un importante margen político de negociación para la definición de políticas propias, frente a los intereses norteamericanos y de la Europa Occidental.
Pero actualmente, la economía boliviana controla un segmento casi imperceptible de la economía mundial, de modo que en los hechos, el país depende del mercado mundial, pero no ocurre lo inverso, es decir, no existe dependencia del mercado mundial, respecto a nosotros. La propia economía del gas no trasciende el ámbito regional, y las reservas comprobadas son demasiado pequeñas, en relación a las existentes en otros países del mundo.

Esta es la realidad material de la coyuntura mundial, que a nadie gusta mirar o decir. Frente a ella, los movimientos sociales mencionados, se han encargado de prometer solución para todos los problemas, pero han olvidado decirnos cómo piensan hacerlo. Se nos presentan como profetas de la denuncia, vendiendo bálsamos milagrosos que aseguran cura para todo mal socioeconómico, pero lo cierto es que estos no se resuelven por la intermediación de las artes ocultas, y a pocos meses de las elecciones nacionales, no han dicho ni una sola palabra acerca de su proyecto o estrategia para industrializar y exportar el gas, o como piensan resolver las deficiencias del sistema nacional de salud y educación, por ejemplo.

En cambio nos dicen “hay que refundar Bolivia”, pero cuáles son los vínculos, entre la gama de cambios jurídicos posibles a introducir por una Constituyente y la industrialización del gas, nadie lo sabe.
No negamos, que entre las implicaciones factibles de la Asamblea Constituyente, cuenta la de ampliar la legitimidad política del Estado boliviano, a través de la redefinición del sistema representativo o solucionar problemas inherentes al control sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo, de ninguna manera será a través de tal artificio que se resolverán los problemas económicos de fondo en el país. En realidad, su advocación tiene más el cariz de una herramienta política para alcanzar el poder, que la de una herramienta genuina para solucionar la crisis económica que el país vive. Denunciar esta perspectiva de los hechos, constituye un debate que los bolivianos no podemos ignorar.

Fascismo de la vida cotidiana (o el talibanismo de la municipalidad)

Mauricio Navia Lora

“Solo es intolerable la intolerancia”


Es desazonador constatar cuán poco hemos avanzado en la adquisición de hábitos democráticos, lo que a fin de cuentas, entre otras cosas, significa aprender a convivir con lo diverso, lo plural. Escudándose bajo un legalismo hipócrita y motivado por la presión de ciertos sectores sociales, la municipalidad ha emprendido una ofensiva tajante y cerrada contra los cafés de la España. Como si la culpa de los deschongues callejeros fuera de los dueños de cafés, que brindan trabajo, pagan jugosos alquileres, y en general revitalizan la economía del centro de la ciudad, que como muchos centros urbanos de Latinoamérica ha sufrido un abandono miope. Pero esta falta de visión de parte de algunas autoridades, en particular, del director de espectáculos públicos, Gerardo Hoepfner, no es nueva. Antes ya la policía desalojó a los jóvenes que se iban a divertir a “Las Islas” (Av. Villarroel, norte), por quejas del vecindario. El resultado no fue una disminución del consumo de alcohol, sino que meramente el consumo se traslado de lugar, primero al Prado y luego a la España. Vale decir que si alguien ha ocasionado el caos que ahora se usa como pretexto para destruir un espacio cultural importante, es la propia municipalidad y la policía. Se ve, pues, que las políticas represivas no sólo son injustas, sino también pecan de estupidez.

Una de las pocas voces sensatas, Luis Bredow, tiene toda razón en creer que si la juventud alcoholizada es un problema, lo que habría que hacer es desincentivar el consumo de alcohol, brindando alternativas, y controlando seriamente el expendio de licores baratos o adulterados. Los partidarios de “la ley y el orden” parecen ignorar que vivimos en un país con un déficit civilizatorio agudo al cual ellos mismos contribuyen de manera significativa. No se puede manipular la ley por conveniencia u oportunismo, o utilizarla como un instrumento para avanzar los fines y los valores propios, en detrimento de los valores y el modo de vida de los otros.

Hemos sufrido una regresión, volviendo a un mundo cultural achatado, donde persiste la dicotomía trabajo-diversión idiota. El poder detesta los espacios de diálogo y espontaneidad, y prefiere mantener las válvulas de escape de siempre: cantinas, discotecas y prostíbulos. Qué enorme incapacidad para ver cómo se generan nuevos espacios simbólicos, cómo florece la creatividad y la vida, o bien, que incapacidad para alegrarse de esto, cuando sí se lo ve. Mucha razón tiene Aldo Carotenuto cuando afirma que “la persona creativa es el enemigo natural del poder”. La peste emocional se ha manifestado en lo pequeño, en lo parroquial; no hace falta mucha imaginación para columbrar la pesadilla si esta gente poseyera más poder. Empero no todo está perdido; más allá de los recursos jurídicos que se están utilizando para salvar el arte y la tertulia, está la oportunidad para que las gentes atropelladas se concienticen de sus derechos y de su fuerza colectiva y se constituyan en un movimiento de contestación, generacional.

Los retos de la aplicación del pluralismo jurídico en Bolivia y la construcción de un estado plurinacional

Rocío Estremadoiro Rioja


I. Introducción

Uno de los temas más importantes, relevantes y polémicos en la actualidad en Bolivia es el referido al del pluralismo jurídico. En un país donde el acceso y la eficiencia del sistema de justicia, dejan mucho que desear, característica común en varios países de América Latina[1], se ha planteado como una posible solución la incorporación de la justicia consuetudinaria practicada por los grupos étnicos[2] o comúnmente llamados pueblos indígenas y/o originarios[3] en la legislación oficial y dándole igual jerarquía que a la justicia ordinaria.
Sin embargo, el debate va más allá del ámbito judicial. En realidad la propuesta del reconocimiento de la justicia consuetudinaria es una demanda esencialmente política que trasciende el ámbito cultural y estructural, ya que en el fondo es una parte importante de un conglomerado de reivindicaciones por las que se han movilizado los pueblos indígenas y/o originarios en Bolivia desde fines de la década de los 80, que se pueden resumir en un pedido de inclusión y reconocimiento político y ciudadano real en un Estado cuyos cimientos se basan en la discriminación y exclusión de una gran parte de la población[4] que datan de la colonia y que en la era republicana no se han resuelto.
A raíz de aquello, distintas organizaciones indígenas, originarias, campesinas y colonizadores tanto del occidente como el oriente se han aliado formando el “Pacto de Unidad”[5] que hace algunos años viene trabajando en una propuesta para la Asamblea Constituyente. El planteamiento principal de los debates sostenidos gira en torno a la construcción de un nuevo Estado en Bolivia de carácter “plurinacional” que permita no sólo el reconocimiento de diversidad de “naciones” en Bolivia sino, de acuerdo a ello, que se reconozca las distintas formas y prácticas de justicia consuetudinaria, también llamada “usos y costumbres”, de los pueblos indígenas y/o originarios en igual jerarquía que la justicia ordinaria y la construcción de un diálogo entre las distintas maneras de practicar la justicia que permita su convivencia armónica en el territorio nacional, propuesta ligada al planteamiento de un nuevo ordenamiento territorial en base a autonomías indígenas, interculturales y regionales.
En este sentido, el objetivo de este trabajo es una breve reflexión sobre la posibilidad de la incorporación de la justicia consuetudinaria en el orden jurídico oficial de Bolivia como parte de ese Estado plurinacional. Basándonos en algunos planteamientos del “Pacto de Unidad”, intentaremos analizar los posibles escenarios y efectos que traería consigo la implementación de una propuesta de estas características. También veremos las principales características de la manifestación de la justicia consuetudinaria en Bolivia, lo que puede considerarse como tal y lo que no. Posteriormente abordaremos el camino andado de las reformas en Bolivia en el pluralismo jurídico y hacia un Estado multicultural, para ver qué se hizo y cómo se reforzó la hibrides del derecho consuetudinario con el derecho ordinario. Por último reflexionaremos sobre los posibles escenarios, efectos y consecuencias de implementación de esta propuesta o similares en el sistema de justicia, en la estructura y el manejo del Estado y en el devenir de Bolivia como nación. Esperamos que estás reflexiones aporten a la discusión sobre el pluralismo jurídico y la convivencia de distintas formas y concepciones del derecho en un solo país.

II. Antecedentes teóricos

A continuación describiremos los principales conceptos que se tomarán en cuenta para el abordaje de este trabajo.

II.1. Grupo étnico, etnicidad e identidad

Para ilustrar una lectura antropológica “clásica” sobre definiciones relacionadas con la etnicidad tomamos la definición encontrada en Barth (1976) de “grupo étnico” como concepto empleado para designar a una comunidad que en gran medida se autoperpetúa biológicamente, comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales, integra un campo de comunicación y interacción y cuenta con miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros como una categoría distinguible (1976: 11). El autor explica que esta posición no está muy alejada del contenido de la proposición tradicional “etnográfica” que relaciona raza, cultura, lenguaje y sociedad.
Esta teoría desencadena en la afirmación de que la etnicidad es una condición primordial que se refiere, según la definición de Clifford Geertz (1973), a que el vínculo cultural que une a una colectividad surge de aspectos “dados” como nacer en un determinado lugar, donde se habla una lengua específica y se practican ciertas manifestaciones culturales, contexto del que es difícil “salir” ya que uno se encuentra ligado a sus parientes, vecinos, etc., vínculo que termina teniendo una importancia absoluta e inexplicable “atribuida al vínculo mismo” (1973: 259).
Rex polemiza con esta visión de Geertz indicando de que es difícil escapar de los vínculos sociales en la infancia, por una cuestión de supervivencia, pero como las personas no están indefinidamente en ese estado y ya, en la edad adulta, pueden elegir o no, si perpetúan ese parentesco y los lasos culturales, si continúan conservando las mismas creencias o hablando el idioma materno, etc. (Citado en Degregrori, 1993).
Barth también discute con la posición primordialista de Geertz, indicando que la etnicidad es “situacional”, es decir que una cultura común es un resultado o una implicación social, una construcción colectiva, que puede redefinirse o cambiar en el tiempo, por lo tanto no es una característica dada, primaria y definitiva (1973: 12).
De esta manera, Barth considera a los grupos étnicos como una forma de organización social, socialmente efectiva, que si bien presentan rasgos étnicos y culturales “dados”, éstos se convierten en recursos a los cuales los individuos o la colectividad pueden recurrir para satisfacer necesidades tácticas, pudiendo autoidentificarse, diferenciarse de otros, exhibir signos o señales que indican identidad, lenguaje, vestido, etc. si así lo ven conveniente.
Para este trabajo tomamos la definición “situacional” de grupo étnico y, a partir de ello, consideramos que la identidad étnica o cultural vendría a ser algo construido colectivamente, que varía en el tiempo y se adecua a lo que mejor reivindique las demandas y aspiraciones de un grupo social.
La etnicidad, entonces, vendría a ser una identidad construida y potenciada en las últimas tres décadas de emergencia de los movimientos indígenas en varios países de América Latina[6].

II. 2. Multiculturalismo, multinacionalidad, diversidad cultural y derechos diferenciados

De acuerdo a Cocarico (2006) en el debate sobre el pluralismo jurídico hay dos posiciones contrarias. Por un lado están los universalistas liberales que plantean la supremacía de los derechos individuales o liberales frente a los derechos culturales y colectivos, como si las sociedades fueran un complejo homogéneo de un conjunto de individuos sin mayores diferencias que su iniciativa individual. Por lo tanto, se niega cualquier forma de reivindicación que implique el reconocimiento de la existencia de derechos diferenciados para colectivos minoritarios. Por otro lado, están los relativistas absolutos que niegan toda posibilidad de universalismo. Frente a estas dos posturas extremas hay un enfoque intermedio que propone el “multiculturalismo” del que es uno de los pioneros, Kylmicka.
Kylmicka (1996) define el término “multiculturalismo” indicando que puede abarcar formas diferentes de pluralismo cultural. A partir de esta aclaración, el autor toma dos modelos amplios del abordaje de la diversidad cultural en un país determinado: Estados multinacionales y Estados poliétnicos.

II.2.1 Estados multinacionales

Una fuente de diversidad cultural es la coexistencia, en un Estado, de más de una nación, entendiendo el término nación como una comunidad históricamente determinada y que comparte un territorio, lengua y cultura diferenciada del resto de la población. Es así que en un Estado pueden co-existir varias naciones, entonces hablaríamos de “Estados multinacionales” o “plurinacionales”.

II.2.2. Estados poliétnicos

En este segundo caso, la diversidad cultural, en general, surge de la inmigración individual y familiar a un determinado país de grupos que luego se unen y forman una colectividad diferenciada al resto de la población, pero que desean integrarse a la sociedad de la que forman parte y que se les acepte como ciudadanos en pleno derecho y con cierto reconocimiento de su identidad étnica, pero en ningún momento se plantean la posibilidad de convertirse en una “nación” dentro del Estado, sino modificar las leyes de dicha sociedad para que sean más permeables a las diferencias culturales. Un ejemplo pueden ser los bolivianos que migraron a Argentina, que si bien perpetúan algunas prácticas culturales (como la Fiesta de Urcupiña) quieren formar parte del país donde ahora viven. Este concepto puede aplicarse a los grupos étnicos que aunque sean “originarios” del lugar donde habitan pueden reclamar demandas con las características poliétnicas.

II.2.3. Derechos diferenciados

Evidentemente una gran mayoría de las democracias pueden ser clasificadas como multinacionales o poliétnicas o ambas a la vez. A partir de aquello, Kylmicka clasifica tres formas de derechos diferenciados que pueden demandar los grupos étnicos o que han sido las respuestas más importantes de los Estados a las reivindicaciones indígenas o de minorías.
Los derechos de autogobierno se refieren a la delegación de poderes a esos grupos a través de algún tipo de federalismo o mediante el establecimiento de regímenes autonómicos (en Estados multinacionales o en construcción). El segundo tipo son los derechos poliétnicos que son la protección del Estado y el apoyo financiero que garanticen las prácticas culturales diferenciadas de los grupos étnicos o religiosos. La tercera forma son los derechos especiales de representación que son los mecanismos de acción positiva para incluir la representación de los grupos étnicos en las instituciones del Estado central (se pueden dar en ambos tipos de Estado).
Por su parte, Sartori define al multiculturalismo como “política que promueve las diferencias étnicas y culturales” (Citado en Molina, 2005), aceptando distinciones entre grupos humanos y enlazándolas, trabajando con disensos pero evitando fomentar conflictos y diferencias irreconciliables. Pero para Molina la definición de Sartori se refiere a una relación horizontal entre los grupos diversos, olvidando que, en países como Bolivia, existen diferencias de tipo estructural, económico y de acceso a los derechos ciudadanos para los grupos de origen indígena, por lo que no se puede hablar de relaciones horizontales que aún no existen ni se dan en la práctica, sino de la búsqueda del respeto a la diversidad construyendo al mismo tiempo la igualdad ante el Estado y la ley para todos los ciudadanos respetando las diferencias bajo un marco común, pero que no descanse en el sometimiento de un grupo social y su visión del mundo sobre otro.

II.3. Derecho consuetudinario y pluralismo jurídico

Para Cocarico (2006) la justicia consuetudinaria se refiere a la práctica de la justicia tradicional, derecho ancestral o “derecho consuetudinario indígena” hecha por distintos grupos étnicos de acuerdo a su bagaje cultural que data de antes de la colonia española y la formación de las Repúblicas. El pluralismo jurídico se refiere al reconocimiento de la convivencia de distintas formas de hacer derecho en igualdad jerárquica, vale decir que el derecho consuetudinario tenga la misma validez y reconocimiento legal que el derecho ordinario u oficial.

II.4. Constitucionalismo multicultural

Una definición de Van Cott (citada en Martí I Puig, 2006: 18) plantea que es posible hablar de “constitucionalismo multicultural” cuando en una Constitución aparecen los siguientes elementos:

Reconocimiento formal de la naturaleza multicultural de las sociedades y la existencia de pueblos indígenas como colectividades subestatales distintas.
Reconocimiento de la ley consuetudinaria indígena como oficial o como derecho público (pluralismo jurídico).
Reconocimiento de los derechos de propiedad de los territorios ocupados por los grupos étnicos y restricciones a la alienación y división de esas tierras comunales (propiedad colectiva del territorio).
Reconocimiento del estatus oficial de las lenguas indígenas.
Garantía de una educación bilingüe.
Reconocimiento del derecho de crear espacios territoriales autónomos (naciones).

III. Pluralismo jurídico: El camino andado. De la organización de los grupos étnicos a la reforma constitucional, el cambio institucional y la convivencia de dos lógicas en el ámbito local

III.1. Organización de los grupos étnicos en Bolivia

Durante la década de 1980, los Estados nacionales en los países andinos entraron en crisis. A raíz de este fenómeno se dio el surgimiento de importantes movimientos sociales que se autodefinieron en términos étnicos tanto en Colombia, Bolivia y Ecuador (Degregori, 1993).
En este sentido, Rivera (1994: 1), indica que los conflictos en los que se sumieron varios países en América Latina, como Ecuador, Bolivia, México y Guatemala, responden al cuestionamiento del Estado-nación como fórmula política de integración, ordenamiento y construcción de sociedades, por lo tanto la revitalización de las identidades étnicas y sus movimientos fueron un indicador de la pérdida del horizonte integrador del Estado nacional.
En Bolivia la tendencia de los grupos indígenas a organizarse para luchar por sus derechos y buscar su inclusión en la sociedad, además de una tradicional “resistencia” a un Estado que los niega y discrimina, data de mucho antes. No se puede olvidar la lucha de figuras como Túpac Amaru y Túpac Katari, en el periodo colonial o de la incursión del líder indígena Zárate Willka en la Guerra Federal de 1899 en apoyo a los Liberales[7].
En la revolución de 1952 fue determinante la presencia de los indígenas en la lucha, luego en la formación de milicias armadas y decisiva su participación en para la promulgación del la Reforma Agraria, con lo que se abolieron muchos latifundios. Sin embargo, una de las reformas consecuentes fue la prohibición del uso del término “indio” en la Constitución argumentando que se hablaba de “campesinos”. Este hecho es visto por muchos analistas como un intento de asimilar a los indígenas en el Estado en el que imperaba el “monismo jurídico” y cultural (Yrigoyen, 2000), por lo tanto el no reconocimiento de sus diferencias como indígenas y en un sentido paternalista. En el mismo sentido se puede interpretar al pacto militar-campesino hecho con los militares a partir de mediados de los 60 y en intento de la incorporación de los indígenas, vistos como campesinos, en las luchas de la izquierda en los 70[8].
Sin embargo, parte de los indígenas de occidente se organizarán y sindicalizarán como campesinos en la década de 1970 con la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Los pueblos indígenas del oriente crearán la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (CIDOB), la Coordinadora de Pueblos Indígenas de Beni (CPIB) y la Central del Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPES). Posterior será la creación del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyo (CONAMAC) donde varios grupos étnicos de occidente pasan a reivindicarse como “originarios”.
A partir de la década de 1990, los indígenas y campesinos sindicalizados empezaron a movilizarse. La acción colectiva de mayor envergadura fue la Marcha por el Territorio y la Dignidad donde, a parte de exigir un territorio que puedan administrar los distintos grupos étnicos, ya se demandaba la “refundación” del Estado boliviano que incluya de manera real a los indígenas, a través de la realización de una Asamblea Constituyente. A partir de aquí la participación de las organizaciones indígenas será fundamental en las distintas movilizaciones que tuvieron como desenlace la caída del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada como metáfora de un Estado que llegaba a la cúspide de su crisis de legitimidad.
En la década del 2000 las distintas organizaciones indígenas, originarias y campesinas decidieron trabajar de manera conjunta en una propuesta de reforma total del Estado hacia uno multinacional de cara a la realización de una Asamblea Constituyente que será, a partir de entonces, la principal de sus metas.

III.2. El derecho consuetudinario en Bolivia

En un país donde la mayoría de la población se considera indígena y con fuerte hibrides cultural, las prácticas culturales de origen étnico son una realidad cotidiana principalmente en las áreas rurales y en las zonas urbanas con extensa migración rural-urbana, como las capitales de Oruro, Potosí, la ciudad del Alto y las zonas peri-urbanas de Cochabamba. Estas interacciones no sólo pueden evidenciarse en los cultos de origen religioso o en las fiestas populares sino en las prácticas políticas, sociales y jurídicas.
No casual que el partido de mayor éxito electoral de los últimos años, sobre todo con un voto fiel de la población de origen indígena, el MAS, base su estructura partidaria y sus mecanismos de decisión en prácticas de origen tradicional que se daban en los ayllus y se siguen ejecutando en las comunidades indígenas y campesinas. Es más, todos los partidos de fuerte interpelación popular tendieron a apoyarse en las estructuras sindicales de mineros y campesinos que a su vez recogieron la forma de organizarse de los ayllus a través de las subcentrales y centrales campesinas.
En este sentido, los sindicatos han tendido a desempeñar el rol político correspondiente a los partidos adquiriendo las tradiciones culturales de las comunidades campesinas e indígenas referentes de una “autoorganización endógena y tradicional” (Lazarte, 1989: 232)[9]. De esta manera se puede explicar el éxito de la Ley de Participación Popular que, mediante las OTBs y los Comités de Vigilancia, no hizo más que reforzar y legalizar algo que ya se daba, como veremos más adelante.
El mismo razonamiento se puede aplicar al ejercicio de la justicia consuetudinaria generalmente desempeñada por los líderes u órganos de gobierno “naturales” y tradicionales de los grupos étnicos de Bolivia[10] y complementada con prácticas rituales y religiosas de gran complejidad que perduran en el tiempo y se adaptan a las actuales coyunturas[11].
En los últimos años Bolivia ha vivido una ola de incremento de la delincuencia, como uno de los efectos de la crisis económica y del consecuente descontento. A esto ciertos sectores de la población en las áreas rurales y urbanas, ante la falta de acceso a la justicia y su ineficiencia[12], ha respondido “haciendo justicia con mano propia”, con acciones desmedidas que incluyen el linchamiento, la tortura y el asesinato de los acusados que en muchos casos fueron inocentes o culpables de delitos menores como el robo de garrafas o bicicletas.
Este tipo de actos no pueden ser calificados de “justicia comunitaria” porque, de acuerdo a varios estudios[13], en general, la justicia consuetudinaria, por su lógica comunal, busca, más que el castigo, que las sanciones beneficien al colectivo de la comunidad “tomando en cuenta su naturaleza, que como se mencionó responde a un ensamble de normas y prácticas complejas influidas por diversos factores, como el humanismo y el respeto por la dignidad de las personas en el momento de imponer la sanción sobre el inculpado.” (Cocarico, 2006: 139)
Claro que hay ejemplos que casos de castigos corporales y la figura de la pena de muerte, pero como dice Cocarico, en el caso de la pena de muerte, esta tiende a constituirse en una excepción y en cuanto a los castigos corporales la justicia consuetudinaria no es la única en aplicarlos ya que la justicia ordinaria al privar de libertad a los inculpados impone un castigo corporal “al prohibir moverse al cuerpo, al restringirla libertad de locomoción, al reducir el espacio humano y bloquear el horizonte de visibilidad del condenado, también se inflige un castigo corporal, pero no por eso se califica de salvaje o bárbara a la justicia estatal.” (Cocarico, 2006: 139).
Además, en la mayor parte de las comunidades indígenas y campesinas los castigos de la justicia consuetudinaria giran más en torno al trabajo comunitario y, en casos muy graves, en la expulsión del culpable de la comunidad.
En este sentido, los linchamientos, para empezar, no responden a normas y prácticas concretas, menos a rituales de tipo religioso-colectivo, con los que se aplica la justicia comunitaria en la mayoría de los grupos étnicos bolivianos, sino son acciones no planificadas, irracionales que prácticamente “estallan” ante la acumulación de un malestar social, de ahí su característica desmedida[14]. Como dijimos antes expresan no sólo un vacío en el acceso y en la eficiencia de la justicia sino malestar social ante causas más profundas y estructurales que también afectan el funcionamiento de la justicia y que incluso no pueden ser evitados por la justicia consuetudinaria:

“El linchamiento no es por tanto justicia comunitaria, sino por el contrario nace de la ausencia de justicia, no sólo de la ordinaria, sino también de la justicia comunitaria.” (Molina, 2005).


III.3. El cambio institucional y la convivencia de dos lógicas distintas en el ámbito local

Como fruto de las movilizaciones y demandas indígenas y cierta iniciativa de autoridades de gobierno[15], en 1994 se dio un cambio importante en el ordenamiento jurídico boliviano, tanto que Cocarico (2006) afirma que la historia político – jurídica de Bolivia no es la misma ya que por primera vez el Estado admite la diversidad cultural y étnica al declarar a Bolivia como “libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural”. (CPE: Art. 1). Así mismo se reconoce “a las autoridades naturales de las comunidades indígenas campesinas podrán ejercer función de administración y aplicación de normas propias como solución alternativa de los conflictos, en conformidad a sus costumbres procedimientos siempre que no sean contrarios a esta Constitución y las leyes.” (CPE: Art. 171).
Sin embargo, es con la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1993 que se da en la práctica una transferencia de poder a las organizaciones locales y de esta manera, a las comunidades indígenas y campesinas con su forma de organización que gira en torno al ámbito comunal. La primera medida de la Ley de Participación Popular fue la creación de los municipios como entidades autónomas al gobierno central, con la capacidad de elegir a su propio gobierno, compuesto por el Alcalde y el Concejo Municipal, y la recepción de fondos propios, de acuerdo al número de sus habitantes, mediante la Coparticipación Tributaria, lo que permite a los gobiernos municipales administrar sus propios recursos.
Pero la reforma no sólo se ocupó de una mayor descentralización estatal y redistribución del ingreso, sino además trató de normar mecanismos que garanticen la participación del ciudadano en las decisiones que se tomen respecto al manejo de los fondos. Esto se hizo mediante la creación de organizaciones que garanticen la coordinación de la sociedad civil con el Gobierno Municipal y el control social de los primeros a estos últimos.
Para concretar este propósito se crearon las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), a través de las comunidades campesinas, pueblos indígenas o juntas vecinales y los Comités de Vigilancia que a partir de ese entonces tuvieron reconocimiento legal como organismos de control social.
Todas estas medidas fortalecieron a las centrales y subcentrales campesinas y organizaciones indígenas, que pasaron en muchos de los casos a convertirse en OTBs o a tener una estrecha relación con éstas. El hecho de que dentro de la normativa de la Ley de Participación Popular, se permitiera a las OTBs practicar los “usos y costumbres” para elegir a sus directivas y aprobar sus resoluciones, de alguna manera, incentivó y legalizó a las asambleas comunales o cabildos populares que ya se daban como mecanismos de decisión informal dentro del derecho consuetudinario.
Es así que a partir de las OTBs, los sindicatos campesinos y organizaciones indígenas pasaron al control de los Comités de Vigilancia y luego al de muchos Gobiernos Municipales.
Tanto el proceso de municipalización que trajo consigo la Ley de Participación Popular, como las reformas en la Constitución que incorporaron a los Diputados Uninominales, mostraron cambios en el contexto institucional que favorecieron a movimientos sociales políticos alternativos basados, en un primer momento, en liderazgos locales de carácter rural. Esto es a lo que Van Cott (2005) se refiere al indicar que hubo un cambio en la Estructura de Oportunidades Políticas (EOP) permitiendo una “movilización de recursos” que fortaleció a las organizaciones indígenas, favoreciendo a la formación de partidos “étnicos” y la apertura de un Estado basado en el “monismo” jurídico y cultural.
Así, los hechos descritos precedentemente, consiguieron que las comunidades indígenas practicaran una especie de hibrides al mezclar formas jurídicas del derecho consuetudinario con el derecho oficial. En muchos casos el Corregidor o Agente Cantonal, autoridades reconocidas por el ordenamiento jurídico oficial, son las autoridades escogidas mediante los usos y costumbres indígenas que luego son legalizadas por las instancias pertinentes después de un proceso de negociación[16]. Incluso en algunas provincias del Departamento de Cochabamba se garantizó la elección de los Consejeros Departamentales en asambleas o cabildos que después fueron legitimados por el Consejo Municipal (la instancia legal oficial) en concentraciones similares en las que se convirtieron las sesiones del Consejo Municipal para ese fin[17].
También es ilustrativa la investigación de Cocarico (2006) sobre las prácticas de la misma en Laja (comunidades aymaras de La Paz), Tapacarí (comunidades aymaras-quechuas de Cochabamba) e Isosog (comunidades guaraní-chiriguanas de Santa Cruz) que perduran en el tiempo junto con la aplicación de la justicia ordinaria. Ambas formas son utilizadas dependiendo el caso y la conveniencia de las partes y de la efectividad que conlleven.
Como vemos, existe camino andado respecto a la práctica del pluralismo jurídico y la convivencia de dos lógicas del ejercicio del derecho. Así, en general, en el ámbito de lo local tienden a convivir tanto el derecho oficial como el consuetudinario. En este sentido, coincidimos con la afirmación de Cocarico al citar a Fanon que argumenta que el derecho consuetudinario indígena no es un retorno al pasado, por lo tanto un retroceso evolutivo e histórico sino “una realidad viva y presente, una realidad oscilante de interacciones, de atributos en movimiento y de rasgos inestables; realidad en la que se combinan lo viejo, con lo nuevo, tradiciones e innovaciones, invarianzas y dislocaciones.” (Citado en Cocarico, 2006: 138).
El reto, como reflexionemos más adelante, no sólo es legalizar esa convivencia que ya se da en los hechos, dándole mayor coherencia y un marco global que las enlace, permitiendo la profundización de un Estado pluricultural hacia uno plurinacional, sino trasladarla a niveles de mayor complejidad como el departamental, el regional y el nacional.

IV. La propuesta: Construcción de un Estado plurinacional[18]

En resumen, la discusión planteada por el “Pacto de Unidad” puso en debate una refundación del Estado boliviano[19] que lo convierta en un Estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, que reconozca que en su seno existe la convivencia de distintas naciones de origen étnico distinto. Para ello plantean, en primer lugar un nuevo reordenamiento territorial que se base en la constitución de autonomías territoriales indígenas. Para ello propusieron que se analicen las siguientes posibilidaes:

- Reconstitución de las naciones originarias y pueblos indígenas en base a sus territorios ancestrales.
- Ecorregiones con base cultural indígena originaria y campesina
- Territorios habitados por comunidades indígenas originarias y campesinas
- Redes organizativas y de intercambio existentes entre organizaciones indígenas originarias y campesinas.

Plantean también el reconocimiento de las “autonomías interculturales urbanas” haciendo alusión a los territorios que presentan un “mestizaje marcado” como las capitales de Departamento o zonas urbanas. Así mismo dejan en posibilidad de discusión la constitución de autonomías regionales. Todo esto en el marco de un “Estado unitario plurinacional” que sea una instancia que permita la “coordinación” de las distintas autonomías, regule un marco normativo general y administre los recursos naturales de “interés nacional”. Se habla, por tanto, de tres niveles de organización político administrativa del Estado:
- Local: autonomías territoriales indígenas originarias y campesinas y autonomías interculturales urbanas.
- Intermedio: Regiones.
- Plurinacional: Estado unitario plurinacional.

En los territorios autonómicos indígenas, originarios y campesinos, plantean el reconocimiento de una “total autodeterminación y autogobierno” para “definir sus sistemas jurídicos, elegir autoridades y estructuras de gobierno” y la administración de de su territorio y los recursos naturales renovables. En cuanto a los recursos no renovables, al ser de “interés nacional” proponen que sea el Estado central que tome las decisiones al respecto, pero con la posibilidad de consulta, veto, indemnización y participación en la toma de decisiones y en los beneficios que se obtengan si esos recursos se encuentran en sus territorios. Dice un documento tentativo:
“La autonomía indígena originaria y campesina es la condición y el principio de libertad de nuestros pueblos y naciones como categoría fundamental de descolonización y autodeterminación; está basada en principios fundamentales y generadores que son los motores de la unidad y articulación social, económica y política al interior de nuestros pueblos y naciones y con el conjunto de la sociedad. Se enmarca en la búsqueda incesante de la construcción de la vida plena, bajo formas propias de representación, administración y propiedad de nuestros territorios”.[20]
En cuanto al tema del Sistema de Justicia la propuesta plantea:
“El pluralismo jurídico es parte del ordenamiento jurídico del Estado, teniendo en cuenta los Derechos Humanos Fundamentales, los derechos colectivos que serán definidos en la nueva Constitución y los convenios internacionales sobre las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Los sistemas jurídicos y formas de administración de la justicia indígena originaria, tienen la misma jerarquía de la justicia positiva, con base en la autonomía territorial indígena, para juzgar y sancionar delitos y contravenciones de acuerdo a usos y costumbres, respetando los derechos humanos y la no intromisión de la justicia positiva. No corresponde a la justicia positiva anular o modificar las decisiones de las autoridades de la justicia comunitaria de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos. Los usos y costumbres tienen validez legal en todas las instancias judiciales. El nombramiento de sus autoridades se hace de acuerdo con las normas internas de cada nación y pueblo indígena originario y campesino.”
En este sentido, la reforma debe garantizar el “reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas originarios dentro del principio de pluralismo jurídico que caracterizará el Estado Plurinacional”, para lo cual el derecho consuetudinario y las autoridades indígenas “naturales” o elegidas por “usos y costumbres” tengan “personalidad jurídica de orden constitucional. Su reconocimiento corresponde a cada pueblo según sus usos y costumbres sin que se requiera ningún trámite adicional ante otra entidad de la República” obteniendo el derecho a “el ejercicio de la jurisdicción y aplicación la justicia comunitaria.”
Igualmente se propone el derecho a la participación directa de los pueblos indígenas originarios y campesinos en toda la estructura estatal que incluya el ámbito plurinacional, regional y local mediante la elección de sus “propias autoridades, instituciones, mecanismos y procedimientos”. El Estado deberá asegurar esta participación mediante mecanismos de acción positiva.
Por último es de importancia la propuesta de la ampliación del reconocimiento de derechos colectivos junto con los derechos individuales que incluyen la propiedad colectiva del territorio “inalienable, indivisible e inembargable” y otros de índole cultural que garanticen la protección de las prácticas culturales propias de los grupos étnicos en un marco de tolerancia.
De esta manera, la constitución de las autonomías indígenas en el marco de un Estado plurinacional tendrían alcance en los siguientes puntos:
- Territorio
- Población indígena, originaria o campesina.
- Gobierno indígena, originario o campesino basado en usos y costumbres.
- Normas basadas en usos y costumbres.
- Administración de justicia basada en usos y costumbres.
- Patrimonio y recursos propios.

V. Reflexiones sobre los escenarios posibles

V.1. Un Estado plurinacional con nuevo ordenamiento territorial

Vimos que en Bolivia ya hubo un avance en la construcción de un Estado pluricultural y en el reconocimiento y legalización de cierto derecho consuetudinario que actúa con el derecho oficial en el ámbito local a través de las reformas en la década de 1990. Los resultados hasta ahora, en la mayoría de los casos, han sido positivos, tanto que la Ley de Participación Popular y otras reformas que permitieron una mayor descentralización del Estado y el reconocimiento de la diversidad, son evaluadas como uno de verdaderos logros del gobierno en ese entonces. Al mismo tiempo las reformas han dado frutos al permitir el fortalecimiento de una Estructura de Oportunidades Políticas para las organizaciones indígenas y campesinas y la formación de partidos que las representen al punto de que hoy uno de ellos, el MAS, controla el gobierno boliviano.
Sin embargo, no se puede hablar aún de un Estado plurinacional en Bolivia con el reconocimiento de naciones autónomas diferentes en su seno y, como ya dijimos anteriormente, la convivencia de distintas lógicas del derecho, de sistemas jurídicos y de administración de justicia, es aún un desafío de gran complejidad en los niveles nacionales e intermedios.
En este sentido, de manera general, la propuesta del “Pacto de Unidad” se enmarca en la construcción de un Estado multinacional de las características propuestas por Kymlicka, con un marco constitucional multicultural como el definido por Van Cott y con un énfasis en el reconocimiento de los derechos de autogobierno, pero sin dejar de lado derechos poliétnicos y derechos especiales de representación, definidos por Kymlicka.
El problema radica en que la propuesta del Estado plurinacional y la incorporación del pluralismo jurídico se basa en un nuevo ordenamiento territorial en Bolivia que puede ocasionar fuerte oposición de varios sectores de la sociedad, ya que prácticamente desaparecerían los Departamentos tal como hoy están divididos, se repensaría la jurisdicción de las provincias y se replantearía la actual composición municipal.
Ante la propuesta ya hubo voces de protesta de varios Comités Cívicos departamentales y otros sectores ciudadanos que incluso sienten “ofendida” su conciencia cívica nacional, al imaginarse que se divide ese territorio “sagrado”[21]. No es difícil imaginar los conflictos que se puede ocasionar si se intenta llevar a la práctica un nuevo ordenamiento territorial por los distintos intereses que se vulnerarían con la desaparición de los Departamentos, provincias y municipios tal como hoy están definidos. La situación se complica más aún si pensamos que en muchos de los territorios hay recursos naturales de gran importancia económica como los hidrocarburos en el Chaco boliviano. No es casual que desde que se descubrieron los yacimientos gasíferos se ha estado planteando la creación de un décimo Departamento en el Chaco con fuerte oposición de Santa Cruz y Tarija que verían afectado su territorio y las regalías provenientes del gas.
Más difícil será todavía que se llegue a un consenso en la posibilidad de permitir que los grupos étnicos sean consultados de manera vinculante sobre el uso de recursos naturales estratégicos y que administren autónomamente su territorio y los recursos renovables.

V.2. Un Estado plurinacional sin un reordenamiento territorial de fondo

Una posible solución a los anteriores dilemas, es que se incorporen los territorios autónomos indígenas mediante la creación de nuevos municipios “especiales”, lo que no implicaría la desaparición de los Departamentos y las provincias tal como hoy están definidos, aunque sí un reordenamiento municipal, pero para lo que se puede conseguir mayores consensos. En este sentido, es interesante la propuesta de Molina (2005) que indica que una forma de lograr una jurisprudencia que parta de abajo hacia arriba se puede garantizar mediante lo que ya hizo en parte la Ley de Participación Popular, al transferir poder político y normativo a la gestión local. Lo que faltaría por construir son las instancias de coordinación que articulen estos niveles locales con los ámbitos departamentales y nacionales, es decir el marco general que ligue al Estado plurinacional y a los ámbitos intermedios con las autonomías indígenas y que permita la convivencia entre las dos formas de derecho, el consuetudinario en sus distintas variantes, de acuerdo a cada grupo étnico, y el oficial.
Para ello se necesitaría la reformulación del marco normativo general, la Constitución, que permita articular las dos lógicas y un reconocimiento de igual jerarquía. El marco general puede basarse en, primer lugar, en el respeto a los derechos humanos fundamentales en cualquier tipo de administración de justicia y que rescate lo mejor de cada justicia y deseche lo que implique la vulneración de los derechos humanos. En este sentido, creemos posible la generación de ciertos consensos, donde los pueblos indígenas pueden renunciar a prácticas que no se enmarquen en este marco global a cambio del reconocimiento de su propia jurisprudencia cuya esencia, según ya argumentamos, no busca vulnerar los derechos fundamentales.
Otro avance importante sería el reconocimiento de formas alternativas de decisión política como cabildos y asambleas comunales, que en la propuesta son denominadas “democracia directa” y de la legalización sin mayor intermediación de las autoridades elegidas por los grupos étnicos, de acuerdo a su propia jurisprudencia, construyendo mecanismos de acción positiva que permitan que estas autoridades se incorporen también en la estructura general del Estado.
Todo esto, por supuesto, requiere de un clima de tolerancia y diálogo que no estamos seguros si ha alcanzado Bolivia, a pesar de que ya se está realizando la Asamblea Constituyente tan demandada por los grupos étnicos, pero no sin tropiezos porque ni siquiera hubo acuerdos en la formulación del reglamento de funcionamiento de la propia Asamblea que expresa verdaderamente el choque de distintas visiones de lo que debe ser y buscar el Estado boliviano[22].

V.3. La aplicación del pluralismo jurídico sin autonomías territoriales indígenas

La última opción es la profundización del Estado multicultural, ya reconocido en la Constitución, sin pasar a un Estado plurinacional, legalizando el derecho consuetudinario que ya se da en los hechos y otorgándole igual jerarquía que al derecho oficial siempre bajo un marco general que permita la articulación y diálogo entre las dos lógicas construyendo y reforzando puntos comunes y desechando prácticas que vulneren los derechos fundamentales. Esto puede incluir al respeto a los mecanismos de decisión y elección de autoridades propios de los grupos étnicos y mecanismos de acción positiva que permitan su incorporación a la estructura estatal.
Sin embargo, aunque parezca más realista esta propuesta, queda la pregunta referida a cómo serían concebidos los territorios donde actualmente están asentados los grupos étnicos ¿Cómo municipios pero con autonomía restringida? ¿Cómo Tierras Comunitarias de Origen? Igualmente queda en la incertidumbre la forma de establecer legalmente al derecho consuetudinario sin algo que es fundamental en la concepción de la mayoría de los grupos étnicos para su organización política y el manejo de su jurisprudencia: el manejo colectivo de su territorio de acuerdo a lógicas que no siempre responden al bagaje cultural oficial, lo que podría significar una reforma a medias y con sabor a poco, por lo menos para las comunidades indígenas, originarias y campesinas, lo que implicaría en un futuro nuevas movilizaciones.
Otro punto de reflexión es el grado de complejidad que representa la diversidad en Bolivia que tanto el Estado colonial y en Republicano con tendencias homogenizadoras no ha podido destruir. Una diversidad que tal vez implique la necesidad de un replanteamiento del Estado que de una vez se adecue a ella y deje de seguirla negando con las consecuencias que ello implica. Cocarico (2006) argumenta:

“Es hora de que el Estado y las naciones originarias empiecen a hablar un solo diálogo, es hora de que el Estado comprenda la realidad del otro, que ha convivido en silencio y tolerado por mucho tiempo el desconocimiento de su existencia. Las voces de cambio se han activado y el Estado está llamado a responder, ya no como históricamente lo ha venido haciendo, ha llegado la hora de asumir la verdadera dimensión de lo que es en realidad Bolivia. Para ello no es necesario inventar definiciones o nuevos conceptos, sino simplemente valorar y describir la realidad que refleja la diversidad.” (Cocarico, 2006: 151).

La diversidad implica no sólo lógicas distintas de administración de justicia sino de visiones de lo que debe ser el Estado, el manejo del territorio, la administración de los recursos naturales, entre otros factores. En este sentido, la propuesta del “Pacto de Unidad” es un intento de conjuncionar esa diversidad en el marco de un Estado plurinacional, demandando la real inclusión de los grupos étnicos en Bolivia como actores centrales del Estado y como ejecutores de su propio destino, hasta ahora manejado por un Estado etnocentrista y, en el mejor de los casos, paternalista.
El problema radica, como es de esperarse, en el hecho de que estas reivindicaciones impliquen la vulneración de intereses de grupos que difícilmente cederán a buen término, porque la estructura del actual Estado boliviano está asentada en el sometimiento de unos sobre otros y el poder no es fácil de romper.

VI. A manera de conclusión. Asambleas Constituyentes y/o reformas constitucionales: ¿Fetichismo legalista?

A manera de conclusión, no se puede dejar de mencionar el hecho de que en Bolivia tanto los grupos étnicos y otros sectores sociales han basado sus demandas de cambio en la modificación total o parcial de la normativa vigente como si al cambiar las leyes cambiara la realidad, fenómeno al que Pásara (2004) llamó “fetichismo legalista”. Sin embargo, creemos que en el caso boliviano el hecho de plantear cambios urgentes a través de la modificación de las normas refleja un intento de diálogo, tal vez el último, de los grupos excluidos con el Estado, planteando la posibilidad de convivir bajo un “contrato social general” y la articulación de la diversidad sin alterar la concepción de nación. Este intento no se puede dejar de desechar si buscamos una verdadera convivencia ciudadana, democrática e inclusiva por medio del diálogo y la tolerancia, en una realidad que de por sí es bastante compleja.