¿Cuanto han cambiado las cosas en nuestro país?

Luis Fernando Vía Cavero

En coimas, los bolivianos dieron Bs 905 millones. La cifra representa la mitad del déficit fiscal o del monto que se adeudaba en 2005 al FMI. Asimismo, significa el 5 por ciento de todo lo que Bolivia exporta. Los pagos extraordinarios e ilegales que miles de personas hicieron para sacar ventaja de cualquier trámite (coimas) en instituciones públicas y privadas, se comieron al menos 905 millones de bolivianos en el 2005, desde aquel año no se ha realizado otro estudio sobre el tema a diferencia de otros países como México y Perú.

Según este trabajo de investigación, en la última gestión se realizaron al menos 43 millones de trámites, de los que 5,3 fueron tratados por este tipo de pagos, en 42 clases de servicios públicos y privados.
La investigación, denominada 'Costo de la corrupción para los hogares de Bolivia', tiene como objetivo dimensionar, en cifras, la 'pequeña corrupción' que se da cuando un ciudadano hace estos pagos irregulares para obtener algún beneficio. Sin embargo, estos actos que se caracterizan por mover cifras menores a los Bs 5 mil, generan millones y 'crece a medida que ocurre'. Es por ello que estas actitudes provocan 'efectos perversos', que también son generadas por la ciudadanía que es la que da el dinero, haciéndose parte del problema. 'No olvidemos que la corrupción se da en dos vías, una es la que da y otra la que recibe, y en este caso es el ciudadano que entrega el dinero'.

El trabajo, que en su parte operativa fue ejecutado por la empresa Encuestas y Estudios, señala que en promedio, cada hogar boliviano ha gastado en un año al menos Bs 400 (50 dólares) en coimas. Ello significa que en promedio, casi la mitad de los hogares de Bolivia, cerca de 984 mil, acepta haber pagado al menos una coima en el último año.

Para medir todas estas variables, desde el año 2005 se construyó el Índice Nacional de Corrupción (INC), que permite identificar los niveles de este delito por departamento, ciudades eje y servicio. Este indicador se utiliza en una escala de 0 a 100. Por ejemplo, según ese estudio, el departamento con mayor índice de corrupción es Oruro, en el que de 100 trámites realizados, 21,9 fueron tratados con pagos ilegales; mientras que la región con menor índice es Pando, con 7,1 trámites de 100 que fueron acelerados por coimas. Es así que, los montos emitidos por coimas están entre Bs 5, que se pagan en los colegios, hasta 400 por delimitación de tierras. En promedio, el costo de coimas por trámites es de Bs 160. Sin embargo, las instituciones que más captan estos pagos son la Policía, Aduanas y el Poder Judicial. Por ejemplo, según el estudio, los Bs 240 millones que se dan de coimas a los policías, podrían servir para cuadruplicar los sueldos de sus 20 mil efectivos, o en el caso de la Justicia, donde se dieron Bs 303 millones, que podrían ser utilizados para pagar los sueldos de 4.500 jueces.
Asimismo, también se revela que para los hogares con ingresos de hasta Bs 500 cada mes, el pago de las coimas representó el 16,9% del total de sus ingresos, mientras que en los que tienen ingresos superiores a Bs 5 mil mensuales, el pago por coimas fue de solamente el 1,3 % de su ingreso anual.

El trabajo también toma en cuenta la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción, por ejemplo se reveló que el 43% de los encuestados cree que es posible acabar con la corrupción. No obstante, el 50% cree que comparado con los años antecesores, hay más corrupción en Bolivia.

En referencia a la percepción que cada uno de los encuestados tiene sobre sí mismo, se utilizó una escala de honestidad del 1 al 7, los bolivianos se califican con 5,9 como honestos, por lo que el 54% cree que el sistema los obliga a volverse corruptos. Asimismo, la mitad de los encuestados piensa que hay más corrupción en los niveles altos del Gobierno que en los niveles bajos. Aunque los resultados de esta encuesta muestran que la corrupción existe en los niveles más bajos, es decir, entre los que proveen directamente los servicios públicos.

Servicios públicos

Judicial y de Identificación • Según el estudio, 429 mil trámites en juzgados fueron con coimas y un millón de trámites para obtener carnet de identidad, también se hizo con pagos extras.

Aduana y PTJ • Para sacar cosas por la Aduana o puestos fronterizos se registraron 69 mil trámites con coimas. Para levantar un trámite en el Ministerio Público o PTJ, y evitar detención, se registraron 218 mil trámites con pagos extras.

Tránsito • 55 mil trámites con coimas para recuperar el automóvil robado; 211 mil trámites para evitar que la Policía ponga trampas al auto y 334 mil casos con coimas para evitar una boleta con multa.

Municipios y privados • En el ámbito municipal registra un 8,2% de índice de corrupción y el sector privado tiene un 7,2% de índice de los trámites con coimas.

Punto de vista

El estudio mide los actos de corrupción en pequeña escala, además pone a la luz el otro lado de la cara de la moneda del fenómeno de la corrupción. No es un análisis de las instituciones del país, sino que se estudia el comportamiento del ciudadano en 42 servicios y la propensidad de éstos (ciudadanos) en el uso de estos servicios y que tengan que pagar extras o coimas. Para aquellas personas que siempre están frustradas en no poder hacer nada contra la corrupción, se recomienda cambiar este comportamiento, simplemente tomando la decisión de no coimear.

Para que el estudio sea válido y útil para medir el progreso o retroceso en temas como la corrupción, se recomienda que se debería hacer cada año, o por lo menos cada dos años, un estudio similar en Bolivia. El estudio ha sido patrocinado por un grupo de emergentes de la sociedad civil, de la "Red Anticorrupción", donde incluye un par de organizaciones de Santa Cruz y el trabajo de ellos será concienciar a la ciudadanía sobre este problema (la corrupción) y segundo, exigir a las entidades gubernamentales mejorar en la entrega de este tipo de servicios. Es el primer estudio así que se hace en Bolivia, a diferencia de México que va en su tercer estudio (cada dos años), y en Perú que ya se ha realizado en dos oportunidades.

El País de la Política sin Brújula

Juan José Anaya Giorgis

A los movimientos políticos hay que comprenderlos observando los objetivos que persiguen y los métodos que emplean antes y durante las acciones que su organización ejecuta. Sólo aquellos que demuestren fortaleza, poder aglutinador y claridad en el camino, tienen oportunidad de triunfo para construir un destino social que a todos alcance e inclusive liberar al hombre de sus ataduras (según el caso).

Pero si por el contrario, un movimiento político adolece de una conducción sólida, desconoce los pasos intermedios que debe transitar para alcanzar los objetivos que se ha trazado, o si más aún estos últimos son, de por si, fines abstractos, está condenado al fracaso, o a ser reabsorbido por sus adversarios.

Los movimientos sociales, protagonistas del escenario político actual (Coordinadoras del Gas, CIDOB, MAS, MIP, CSUTCB, FEJUVE El Alto), tienen entre sus virtudes, por ejemplo, la desmitificación del neoliberalismo, como modelo económico eficaz para resolver los problemas políticos y sociales del país.
Sin embargo, en lo que concerniente a una interpretación cabal de la realidad mundial (la elaboración de un plan de gobierno o la consistencia de su organización política intersectorial) sobresalen más los desatinos sobre sus virtudes, al punto de que su práctica política, coincide con nuestra descripción efectuada en los dos primeros párrafos de esta reflexión.

La derrota de la Unión Soviética, en manos del imperialismo occidental, ha significado graves consecuencias para los países más débiles: los que no logren incorporar sus estructuras productivas en la economía globalizada, ingresarán en una espiral regresiva, consecuencia de su imposibilidad para afrontar los problemas de sociedades que han sufrido violentas explosiones urbanas, y la indiferencia del imperialismo, que sólo conoce dos lenguajes: la economía y la guerra.

Cuando el estaño fue nacionalizado en Bolivia, el país controlaba aproximadamente un tercio de su producción mundial, en una época de la historia industrial, donde esta materia prima era de uso indispensable para la producción. Aquello le otorgó al país, un importante margen político de negociación para la definición de políticas propias, frente a los intereses norteamericanos y de la Europa Occidental.
Pero actualmente, la economía boliviana controla un segmento casi imperceptible de la economía mundial, de modo que en los hechos, el país depende del mercado mundial, pero no ocurre lo inverso, es decir, no existe dependencia del mercado mundial, respecto a nosotros. La propia economía del gas no trasciende el ámbito regional, y las reservas comprobadas son demasiado pequeñas, en relación a las existentes en otros países del mundo.

Esta es la realidad material de la coyuntura mundial, que a nadie gusta mirar o decir. Frente a ella, los movimientos sociales mencionados, se han encargado de prometer solución para todos los problemas, pero han olvidado decirnos cómo piensan hacerlo. Se nos presentan como profetas de la denuncia, vendiendo bálsamos milagrosos que aseguran cura para todo mal socioeconómico, pero lo cierto es que estos no se resuelven por la intermediación de las artes ocultas, y a pocos meses de las elecciones nacionales, no han dicho ni una sola palabra acerca de su proyecto o estrategia para industrializar y exportar el gas, o como piensan resolver las deficiencias del sistema nacional de salud y educación, por ejemplo.

En cambio nos dicen “hay que refundar Bolivia”, pero cuáles son los vínculos, entre la gama de cambios jurídicos posibles a introducir por una Constituyente y la industrialización del gas, nadie lo sabe.
No negamos, que entre las implicaciones factibles de la Asamblea Constituyente, cuenta la de ampliar la legitimidad política del Estado boliviano, a través de la redefinición del sistema representativo o solucionar problemas inherentes al control sobre la propiedad de la tierra. Sin embargo, de ninguna manera será a través de tal artificio que se resolverán los problemas económicos de fondo en el país. En realidad, su advocación tiene más el cariz de una herramienta política para alcanzar el poder, que la de una herramienta genuina para solucionar la crisis económica que el país vive. Denunciar esta perspectiva de los hechos, constituye un debate que los bolivianos no podemos ignorar.